La Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), mediante un comunicado, expresó su preocupación ante las denuncias sobre una presunta trama de corrupción en el sistema de Justicia, que supuestamente involucra a legisladores, fiscales y jueces en «favores» y «ofrecimientos de dinero», y advirtió sobre su impacto en la confianza hacia el Paraguay y en la inversión extranjera.
«La corrupción y el tráfico de influencias generan un clima de inseguridad jurídica y socavan la confianza de los ciudadanos y potenciales inversores internacionales, perjudicando a todos los sectores de la sociedad», menciona al inicio la ASOBAN.
Apuntó que «esto genera un ambiente de incertidumbre y pone en amenaza los logros que Paraguay obtuvo, especialmente en el ámbito económico, como lo fueron el grado de inversión y la estabilidad macroeconómica a lo largo de los últimos años».
«Exigimos que las instituciones competentes investiguen estos hechos y tomen medidas urgentes para combatir estos flagelos. El país debe contar con organismos que operen de forma transparente; es fundamental que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) trabajen de manera autónoma para garantizar el funcionamiento de los pilares fundamentales de toda democracia y asegurar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, sin sesgos ni privilegios», agregó la asociación de bancos en el documento.
La polémica que rodea a la Justicia se desató el lunes después de que el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal remitiera una comunicación al Ministerio Público sobre supuestos indicios de «corrupción pública» relacionada con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» en unos presuntos chat extraídos de un celular del fallecido diputado oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes.
Se trata de mensajes vía WhatsApp, según Legal, entre Gomes, su correligionario Orlando Arévalo -quien renunció el sábado a su curul de diputado y previamente a un órgano de control judicial que integraba-, las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López, que también dimitió.
Dos juezas más están bajo «sumario administrativo», por resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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