El Ministerio de Justicia, a través de su viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, desmintió categóricamente que el interno Armando Javier Rotela ejerza algún tipo de control, liderazgo o influencia desde el Centro Penitenciario de Emboscada – Penitenciaría “Martín Mendoza”.
El secretario de Estado, en entrevista con Radio 1000, salió al paso de declaraciones realizadas por el comisario principal César Diarte, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, quien a través de esta misma emisora, dijo que el líder del clan Rotela «nunca dejó de operar», a pesar de estar tras las rejas.
Destacó que hasta la fecha, no existe ninguna evidencia dentro de los registros institucionales que indique que la PPL haya realizado comunicaciones telefónicas desde su reclusión en la Unidad Penitenciaria de Martín Mendoza. Cualquier eventual registro de comunicaciones anteriores a su traslado —ocurrido el 29 de diciembre de 2023 desde la Penitenciaría de Tacumbú— no corresponde al actual régimen de reclusión.
Asimismo, reiteró que el Ministerio de Justicia no ha recibido alertas ni reportes formales por parte de otras instituciones luego del traslado de la PPL a Emboscada. Refirió que, en caso de que existan elementos de prueba concretos, como llamadas telefónicas grabadas con fechas posteriores al 29 de diciembre de 2023, se tomarán medidas inmediatas, que podrían incluir intervenciones institucionales, sanciones administrativas e incluso acciones penales, dado el carácter grave que implicaría la violación de las restricciones del régimen cerrado especial.
Maciel puntualizó que la persona privada de libertad (PPL) mencionada se encuentra bajo el Régimen Cerrado Especial en el Módulo 8, en condiciones de aislamiento total, en una celda individual, sin contacto con otros internos, sin privilegios y con un monitoreo permanente de su conducta.
Apuntó que las condiciones de reclusión incluyen revisiones minuciosas dos veces al día en su celda, que no cuenta con ningún tipo de conexión eléctrica, lo que imposibilita la utilización de aparatos electrónicos. Además, no posee objetos personales, salvo su ropa, colchón y elementos de higiene básica, conforme al protocolo de aislamiento extremo.
Precisó asimismo que el interno solo recibe visitas bajo estricta supervisión de su esposa y dos abogados, sin contacto físico, conforme a los reglamentos del régimen especial. Todos los encuentros son monitoreados y registrados por motivos de seguridad.
Agregó que el Ministerio cuenta con registros documentales y audiovisuales de episodios de inconducta protagonizados por el interno, incluyendo actos de violencia y destrucción de equipamientos institucionales, como ocurrió recientemente en el área de visitas, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo y en una sanción disciplinaria también para su esposa, por incitación a un incidente.
Finalmente subrayó que el Ministerio garantiza que todas las acciones están debidamente documentadas, que se cuenta con trazabilidad de los funcionarios responsables y que se realiza un seguimiento diario del comportamiento de los internos en este régimen, justamente para prevenir riesgos de continuidad delictiva desde el interior del sistema penitenciario.
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