El sufrimiento de Jacques Poissant terminó cuando, a los 93 años y con cáncer de próstata avanzado, decidió solicitar la muerte asistida. Su caso se inscribe en una política pública que ha transformado el debate sobre el final de la vida en Canadá, donde en 2023 uno de cada 20 fallecimientos ocurrió bajo este régimen legal.
La muerte asistida es legal en el país desde 2016 para personas con enfermedades terminales. En 2021 el derecho se amplió a pacientes con patologías graves e incurables, aun cuando la muerte no fuera «razonablemente previsible».
Ahora, un comité parlamentario analizará si el acceso debería extenderse también a personas cuya única condición sea una enfermedad mental.
El eventual cambio normativo estaba previsto para 2024, pero fue aplazado tres años. El Gobierno argumentó que el sistema de salud mental, ya tensionado, debía prepararse antes de implementar la ampliación.
Según encuestas recientes, cerca del 80 % de los canadienses respalda la muerte asistida. Sin embargo, la posible inclusión de trastornos psiquiátricos divide a expertos y organizaciones civiles.
Trudo Lemmens, profesor de derecho sanitario en la Universidad de Toronto, advierte que la ideación suicida suele formar parte de muchos cuadros psiquiátricos, lo que hace extremadamente compleja la evaluación clínica.
La legislación canadiense exige que el solicitante sea mayor de edad, tenga capacidad de decisión y padezca una enfermedad grave e incurable que provoque sufrimiento físico o psicológico constante e insoportable, imposible de aliviar en condiciones aceptables.
Para pacientes como Rachel Fournier, diagnosticada con cáncer cerebral, la aprobación de la solicitud representa una forma de recuperar control sobre el proceso final. «Saber que habrá un final y que puedo elegir el momento es un alivio inmenso», afirma.
En Canadá, la muerte asistida generó también nuevas prácticas sociales. Algunas familias organizan ceremonias de despedida en vida, transformando el último día en una celebración íntima.
No obstante, el debate sigue abierto. La ampliación a enfermedades mentales plantea interrogantes éticos profundos sobre autonomía, vulnerabilidad y capacidad de consentimiento.
Para América Latina, donde varios países discuten o han aprobado leyes de eutanasia bajo marcos restrictivos, el caso canadiense funciona como laboratorio jurídico y social. La experiencia muestra cómo una política inicialmente limitada a situaciones terminales puede expandirse gradualmente, tensionando los equilibrios entre compasión, autonomía y protección de los más vulnerables.
La discusión parlamentaria que comenzará el próximo mes definirá si Canadá da un nuevo paso en una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de muerte asistida.
Fuente: AFP
Discussion about this post