La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPCPYA) expresaron su “profunda preocupación” por la deuda acumulada del Estado con empresas del sector de infraestructura, que actualmente asciende a aproximadamente USD 360 millones, principalmente en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Según las organizaciones, se trata de pagos pendientes por obras públicas ejecutadas, certificadas, aprobadas e incluso concluidas hace varios años, lo que ha llevado a numerosas empresas a una situación de quiebra técnica. Señalan que los pagos parciales realizados hasta ahora resultan insuficientes incluso para cubrir los costos financieros que las compañías asumieron para sostener los proyectos encargados por el propio Estado.
Los gremios advierten que el problema no solo afecta a las constructoras, sino también a proveedores, trabajadores y a toda la cadena de pagos, lo que a su vez compromete la continuidad de obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
Riesgo de “default interno”
En su pronunciamiento, las organizaciones señalan que Paraguay no puede aspirar a consolidarse como un destino confiable para la inversión nacional y extranjera si incurre en lo que califican como “un default selectivo sobre sus obligaciones internas”.
A su criterio, los inversores no solo observan indicadores macroeconómicos o el grado de inversión del país, sino también factores como la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la calidad de la infraestructura que sostiene la actividad económica.
“Cuando el Estado incumple sus compromisos y debilita al sector que construye esa infraestructura, deteriora al mismo tiempo las bases reales del crecimiento económico”, sostienen.
Déficit proyectado para 2026
Los gremios presentaron además un panorama financiero del sector infraestructura para 2026. De acuerdo con sus estimaciones:
- Presupuesto aprobado para 2026: USD 570 millones
- Deuda acumulada e intereses: USD 360 millones
- Obras comprometidas para 2026: USD 800 millones
- Déficit real estimado: USD 590 millones
El cálculo se refiere principalmente a la situación en el MOPC, aunque señalan que también existen deudas pendientes en otras instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Instituto de Previsión Social (IPS), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y organismos vinculados al deporte.
Cuestionamientos a la política fiscal
Si bien los gremios valoraron la estabilidad macroeconómica del país y la obtención del grado de inversión, advirtieron que consideran un error equiparar el gasto corriente improductivo con la inversión en infraestructura.
Según el comunicado, cumplir con el tope de déficit fiscal del 1,5% previsto para 2026 trasladando de forma implícita el financiamiento a proveedores del Estado —especialmente al sector de la construcción— no representa una política fiscal equilibrada.
A su juicio, las metas fiscales deberían alcanzarse mediante una revisión de la eficiencia del gasto público, sin debilitar a las empresas que ejecutan obras para el Estado.
Fondos internacionales sin utilizar
Las cámaras también cuestionaron que recursos provenientes de convenios internacionales disponibles para proyectos de infraestructura permanezcan sin utilizar, mientras las empresas deben recurrir a financiamiento bancario a tasas cada vez más altas para sostener las obras.
Propuestas del sector
Ante este escenario, las organizaciones plantearon dos medidas urgentes:
- Utilizar de manera inmediata fondos provenientes de convenios internacionales para cancelar obligaciones pendientes en los proyectos correspondientes.
- Ampliar el Presupuesto General de la Nación 2026 para adecuarlo a las necesidades reales del sector de infraestructura y permitir el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Reclamo por cumplimiento de contratos
Finalmente, los gremios enfatizaron que la deuda interna debe ser honrada con la misma prioridad que la deuda externa, ya que el cumplimiento de los contratos es fundamental para preservar la seguridad jurídica, el empleo y el desarrollo económico del país.
El comunicado cuenta además con el respaldo de varios gremios vinculados al sector productivo y de la construcción, entre ellos Aprocons, Cadimaco, Capadei, Capihe, Cecoel, el Centro de Industriales Metalúrgicos, el Centro Paraguayo de Minería, la Cámara de Materiales de Construcción, la Cámara de Hormigón y la Asociación de Aseguradoras del Paraguay.
El ingeniero Paul Sarubbi Corina, presidente de Cavialpa, en entrevista con Radio 1000, advirtió que la situación tiende a agravarse, debido a que el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026 que fue aprobado y está en vigencia, es “absolutamente insuficiente” para satisfacer la demanda del sector.
El ingeniero Jorge Moreno, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), en entrevista con Radio 1000, afirmó que las empresas denominadas “medianas o pequeñas” que se dedican al rubro, son las más perjudicadas por el cese de los compromisos financieros por parte del Estado. Moreno confirmó que en el caso de la empresa que administra, ya se ha cortado la cadena de pagos debido a la situación de insostenibilidad.
Advirtió que el problema tiende a empeorar teniendo en cuenta las limitaciones que implica la ley de responsabilidad fiscal. Mencionó que la normativa impide la realización de los pagos pese a la existencia de recursos para el efecto.
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