La abogada Cecilia Pérez criticó duramente al senador Hernán Rivas, quien solicitó permiso sin goce de dieta en medio de una investigación por un presunto título universitario falso, durante una entrevista concedida a Radio 1000.
Pérez expresó su preocupación tanto como profesional del Derecho como docente universitaria. “Como abogada siento vergüenza y mucho más como docente universitaria”, manifestó, al cuestionar la falta de claridad del legislador sobre su formación académica.
En ese sentido, consideró que no resulta creíble que una persona no recuerde aspectos básicos de su paso por la universidad. “No es sostenible que alguien no se acuerde de quién era su compañero o su profesor en la facultad, aunque haya cursado de manera virtual, que ni siquiera es el caso”, afirmó.
Asimismo, la abogada lanzó críticas más amplias sobre el nivel del legislador. Señaló que, si bien puede ejercer el cargo de senador, presenta “limitaciones evidentes”, e incluso habló de un “analfabetismo estructural”.
Pérez también apuntó a presuntas presiones políticas en el caso, al sostener que “pesa muy fuerte la estructura cartista” para sostener y defender al parlamentario.
En otro punto de la entrevista, hizo referencia a una supuesta amenaza contra la fiscal Patricia Sánchez, relacionada con la investigación. Indicó que el mensaje habría sido transmitido a través de un intermediario cuya identidad no fue confirmada, pero sobre el que existen sospechas.
Según explicó, la gravedad del hecho amerita una investigación, ya que quien transmite una amenaza de destitución debe contar con un nivel significativo de poder. En ese contexto, consideró que la fiscal actuó con valentía al formalizar la denuncia ante su superior.
También cuestionó la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, señalando que hasta el momento no ha brindado un respaldo claro.
Finalmente, advirtió que el caso podría tener repercusiones internacionales, al mencionar que existen protocolos impulsados por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos para actuar ante amenazas a fiscales. En ese sentido, consideró contradictorio que dichas herramientas no se apliquen con firmeza en este caso.
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