El proceso de socialización del nuevo Código de Defensa del Consumidor avanza con el objetivo de reemplazar la normativa vigente desde 1998. Esta reforma busca modernizar la protección ciudadana ante los cambios del mercado digital, el comercio electrónico y, fundamentalmente, la desprotección en servicios básicos. El texto se encuentra actualmente en etapa de recepción de aportes, permitiendo la participación ciudadana y de sectores interesados hasta el 31 de mayo de 2026.
Uno de los puntos más relevantes es la protección ante facturaciones anómalas de entes estatales de electricidad y agua. Bajo el nuevo marco legal, si un usuario recibe una factura con montos inusuales, tendrá derecho a pagar el promedio de sus consumos anteriores mientras se resuelve el reclamo. Esta medida impide que las empresas corten el suministro por deudas en disputa, aliviando la presión económica sobre el consumidor durante todo el proceso administrativo de revisión.
En el ámbito financiero, la normativa introduce la figura del «préstamo responsable». Las entidades deberán asegurar que los clientes reciban información clara sobre tasas y riesgos para evitar el sobreendeudamiento. Asimismo, se regula la publicidad digital, obligando a los influencers y creadores de contenido a transparentar sus relaciones comerciales; cualquier recomendación pagada deberá identificarse claramente como publicidad para evitar engaños al público.
La digitalización también trae cambios operativos clave: el anteproyecto establece que cualquier contrato adquirido por vía electrónica debe poder cancelarse por el mismo medio. Esta regla busca eliminar las trabas presenciales innecesarias que las empresas suelen imponer para dar de baja servicios. Además, se refuerza la transparencia en supermercados para evitar diferencias de precios entre la góndola y la caja, garantizando mecanismos de reclamo inmediatos y efectivos.
Las autoridades del sector destacaron que el enfoque de esta reforma es preventivo y busca una reparación rápida para el afectado. El nuevo código impactará directamente en la operativa de bancos, plataformas digitales, comercios y proveedores de servicios, exigiendo una adaptación total a una economía moderna donde la asimetría de información sea reducida en favor del bienestar del usuario final.
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