Un inversionista argentino, radicado hace nueve años en el país, fue procesado por la presentación en un juicio de un documento falso, en el cual se falsificó su propia firma.
El documento fue presentado por los abogados de su empresa, cuando el afectado ni siquiera estaba en el país y la Fiscalía ni siquiera se ocupó de preguntar a los abogados que presentaron el documento, quién fue la persona que les entregó tal documento, a pesar del pedido de la defensa.
El abogado Rodrigo González Planás, representante legal del empresario argentino, Alfonso Señorans, en entrevista con Radio 1000, habló de «una inseguridad jurídica alarmante», criticando al Ministerio Público por supuestamente no haberse ajustado a los rigores que requiere una investigación seria.
El profesional del derecho detalló que todo se inició en el marco del final de una relación laboral con un empleado venezolano de nombre Marcos Lares, en el que se entabló una demanda civil contra este por daños y perjuicio por el hecho de utilizar elementos de la empresa para realizar servicios en la firma paralela que creó, en detrimento de la primera.
Agregó que durante ese juicio, los abogados de la empresa de Señorans presentaron un Acuerdo de Responsabilidad que llevaba las firmas del empresario argentino, pero que, según manifestó Marcos Lares, no eran sus firmas. Tras este incidente, Lares procedió a formular una denuncia penal por el el supuesto hecho punible de uso del documento no auténtico.
González remarcó que, según la constancia de movimiento migratorio de Alfonzo Señorans, este no estaba en el país cuando se firmó el acuerdo en cuestión, ni tampoco estuvo 20 días antes de la presentación de la denuncia.
«El Ministerio Público sostiene que el señor Señorans hizo presentar ante el juzgado el acuerdo en cuestión, pero no realizó ninguna verificación a tal efecto, ya que no citó a declarar a los abogados que presentaron el escrito, y la Agente Fiscal no ha realizado tal diligencia ni ha mencionado el motivo de su negativa como lo establece la ley orgánica del Ministerio Público», expuso.
Además cuestionó que la representante de la Fiscalía presume la utilización solo porque unos abogados con su Poder General lo han presentado. «Pero no puede dejar de tener en cuenta que la responsabilidad penal es personalísima, ella debería haber probado que fue el procesado quien proveyó tal documento», acotó.
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