Según altas fuentes gubernamentales, el presidente de la Argentina Javier Milei pretende que los proyectos de infraestructura sean concesionados al sector privado. La primera de las concesiones sería la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay.
Por lo que describe El DiarioAr en su sección de Economía, se trata de un negocio geoestratégico, dado que implica controlar la circulación en el Paraná –el segundo río de Sudamérica– por el que pasa mucho comercio pero también narcotráfico. Milei quiere interesar en la licitación a empresas de Estados Unidos, uno de sus dos países favoritos, junto a Israel.
Sin embargo, el jefe de Estado se enfrenta al problema de que las compañías de este país apenas han salido de su territorio a competir un mercado global de dragados donde cuatro compañías europeas, las llamadas “big four” del sector, controlan casi el 80%: las belgas Jan de Nul –que ya operó durante tres décadas la hidrovía junto al empresario local Gabriel Romero, dueño de Emepa– y DEME y las neerlandesas Boskalis y Van Oord. Su principal rival en el mundo es la estatal china CCCC-CHEC-CDC, que ofrece precios un tercio más baratos por el mismo servicio, pero es objetada en algunos países de Occidente por supuestas cuestiones de seguridad nacional. Lo mismo ocurre con la tecnológica Huawei y su red de celulares 5G. A su vez, las belgas y neerlandesas son acusadas de cartelización.
Por ahora, ni Milei ni el gobierno de Joe Biden pidieron dejar afuera a la empresa estatal china ni a otras de ese origen, pero en el Gobierno admiten que el pliego de la licitación puede redactarse de manera tal que las mantenga al margen.
La idea del Gobierno argentino es establecer una tarifa en dólares para los usuarios de la hidrovía, dado que la mayoría de ellos opera en el comercio exterior. Consideran valiosa la experiencia de Jan de Nul y Emepa en el pasado, más allá del escándalo de cuando Romero confesó en la causa cuadernos haber pagado coimas al gobierno kirchnerista para prorrogar el contrato en 2010. Pero el equipo de Milei considera que las obligaciones contractuales se cumplieron. En cambio, hay críticas de exportadores y puertos que sostienen que la tarifa era demasiado alta y de políticos que advierten que la hidrovía se convirtió en un canal que facilitó el contrabando y el narcotráfico.
En estos meses el secretario de Concesiones, Mariano Mirotti, está escuchando a los usuarios para terminar de redactar los pliegos y lanzar la licitación a fin de año, dada su complejidad.
El Gobierno pretende que el concesionario invierta USD 800 millones en nuevas obras. En la actualidad, el mantenimiento anual implica US$300 millones, que le paga la Administración General de Puertos a Jan de Nul por un contrato particular firmado por el anterior gobierno, que reestatizó la hidrovía en 2021. Se ilusionan con que una mejora de la hidrovía permitirá nuevas inversiones en puertos y plantas cerealeras.
Fuente: El DiarioAr
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