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jueves, julio 18, 2024
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Gobierno pretende «controlar con norma local» la labor de ONGs, como hacen Nicaragua y Venezuela, denuncian

María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales, en conferencia de prensa, expresó su preocupación respecto al proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Este proyecto ya ha recibido dictamen favorable de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Esto en el Senado se va a analizar.

Rivas habló sobre los efectos políticos, económicos y sociales con la posible sanción y que su vigencia, Paraguay formaría parte de países que desconocen el derecho de la libertad de asociación y restringe el derecho.

«Estaríamos ubicándonos al lado de Nicaragua y Venezuela, que son los países que históricamente desconocen el derecho», apuntó Rivas.

Desde el punto de vista económico, Rivas advirtió que está la posibilidad de requisitos «vagos e imprecisos» detrás de la norma, con relación a los fondos y cooperaciones internacionales.

«Esto desanima la cooperación internacional y se corre riesgo que la cooperación internacional se retire de Paraguay y eso generaría consecuencias económicas catastróficas y además afectaría a poblaciones más vulnerables», indicó la abogada.

En cuanto a su impacto social, al definir la norma y el alcance de su aplicación, «refiere claramente y creando además nuevas categorías de organizaciones. La norma limita y prohíbe la intervención de la social civil en ámbitos locales como Gobernaciones y municipios que impactan terriblemente a las poblaciones que son beneficiadas con acciones locales».

«Lo que más nos preocupa es el alcance de la norma que crea nuevas categorías de organizaciones. Con esto se corre el riesgo que el Gobierno a través de una norma local pretende controlar a las agencias especializadas de cooperación internacional y probablemente va a generar un grave problema diplomático también», detalló Rivas.

Agregó que lo más preocupante es que la norma tiene una «disposición abierta» que establece que cualquier persona física o jurídica que reciba fondos nacionales o internacionales que están relacionadas a municipios o Gobernaciones, deberán rendir y dar explicaciones de la utilización de esos fondos.

«El efecto burocrático que puede crear es incalculable. Tenemos más de 12 mil comisiones vecinales, tenemos más de 10 mil bomberos voluntarios, todas estás organizaciones van a caer con esa cláusula tan abierta que establece la norma bajo el registro del Ministerio de Economía», sentenció.

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