Una comitiva liderada por la agente fiscal Laura Mercedes Giacummo Fernández se constituyó este jueves en el edificio siniestrado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), ubicado en Asunción. La diligencia tuvo como objetivo levantar evidencias, principalmente expedientes dañados de Devolución Total de Aportes (DTA), que fueron destruidos durante un incendio registrado en mayo de 2024. La delegación incluyó funcionarios fiscales y peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público.
La constitución fiscal se enmarca en la ampliación de la imputación contra Ramón Fernando Kiessel Bejarano, de 26 años, por la presunta comisión del hecho punible de destrucción o daño a documentos o señales, tipificado en el art. 253 inciso 1 numeral 1 del Código Penal, en concordancia con el art. 29. Cabe recordar que en mayo de 2024, Kiessel Bejarano también fue procesado por el delito de producción de riesgos comunes.
Antecedentes
El 16 de mayo de 2024, en horas de la tarde, el joven, quien se desempeñaba como funcionario del área de Tesorería de la Caja Municipal, fue señalado como responsable de un incendio que destruyó documentos contables, mobiliarios y parte de la estructura edilicia de las oficinas administrativas, ubicadas en el segundo piso del edificio situado en Benjamín Constant, entre Colón y Montevideo, Asunción.
De acuerdo con la investigación, Kiessel Bejarano marcó su salida en el reloj biométrico a las 14:50 horas, ingresó sin autorización al área administrativa y permaneció oculto en el lugar. Aproximadamente a las 18:30 horas, habría desconectado la cámara de circuito cerrado y provocado el incendio.
El fuego consumió, entre otros documentos, expedientes de DTA correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, los cuales habrían sido utilizados como pruebas documentales o periciales en una causa paralela sobre lesión de confianza y otros hechos punibles. Esta investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos n.º 2. Según las estimaciones más recientes, el perjuicio patrimonial relacionado con los pagos indebidos de DTA ascendería a G. 10.001.438.678
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