El Ministerio Público investiga un presunto esquema de cobros irregulares en la Municipalidad de San Lorenzo, tras una denuncia presentada por el concejal Isaac Rojas contra el intendente Felipe Salomón. La acción penal también alcanza a los abogados Héctor Parodi y José David Macedo.
El caso, que ya fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, gira en torno a supuestos pagos indebidos de honorarios profesionales durante el ejercicio fiscal 2023, lo que ha generado una fuerte tensión política en la ciudad.
Según la denuncia, el jefe comunal habría autorizado desembolsos irregulares a favor de sus propios asesores jurídicos, en presunta violación de la Ley N.º 2796, que regula los honorarios profesionales. Dicha normativa prohíbe el ejercicio simultáneo de funciones públicas y actividades remuneradas vinculadas a la misma institución.
Los abogados denunciados ocupan cargos de director y vicedirector jurídico dentro de la Municipalidad, por lo que, de acuerdo con el escrito, no podían percibir pagos adicionales derivados de litigios de la propia Comuna. En ese sentido, la presentación busca determinar si existió un uso indebido de fondos públicos.
El concejal sostiene que el intendente habría incurrido en el delito de lesión de confianza, mientras que los profesionales del derecho enfrentarían cargos por presunto cobro indebido de honorarios. Como principal elemento probatorio, Rojas presentó una auditoría a la rendición de cuentas del periodo anterior, en la que se detectó el presunto desvío de fondos de inversión para cubrir estos pagos.
De acuerdo con la denuncia, los recursos habrían provenido de un programa municipal de inversión ciudadana y se habrían utilizado para cancelar honorarios regulados judicialmente por operaciones vinculadas a la venta de terrenos al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. El edil afirmó que estos pagos se realizaron de forma “irregular y arbitraria” y señaló que, pese a reiterados pedidos de informes, no obtuvo respuestas por parte de la Intendencia.
El caso cobró notoriedad tras comparaciones con una situación reciente en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde un funcionario fue destituido por el cobro de elevados honorarios. Rojas sostuvo que el objetivo de la denuncia es resguardar el patrimonio de los contribuyentes y negó motivaciones electorales en su accionar.
Por su parte, la Municipalidad de San Lorenzo rechazó categóricamente las acusaciones mediante un comunicado institucional. La administración aseguró que las informaciones difundidas son falsas y negó que se haya realizado un desembolso por G. 3.200 millones, como se menciona en algunas versiones.
Finalmente, la Comuna manifestó su disposición a colaborar con la investigación y anunció que pondrá a disposición de la Fiscalía y de la Contraloría toda la documentación requerida para el esclarecimiento del caso.
Fuente: ABC Color / Ñanduti
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