La encargada de despacho del Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rosalía González, en entrevista con Radio 1000, consideró que el proyecto de ley que plantea penas de hasta 15 años de prisión para funcionarios penitenciarios implicados en actos de corrupción (que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados), no tendría el efecto esperado para combatir dicho tipo de flagelo.
A criterio de González, elevar los castigos solo es buscar la medida más fácil, advirtiendo a los agentes carcelarios.
“Esto sirve como advertencia social, funciona como una intimidación, pero si no viene acompañado de una buena investigación o proceso incluyendo al Ministerio Público y Poder Judicial, la fuerza intimidatoria no sirve de mucho”, aseveró.
