La agente fiscal Julia González Medina, titular de la Unidad Penal n.º 11 de Ciudad del Este, formuló imputación contra 15 ciudadanos brasileños por la presunta comisión del hecho punible de producción de documento no auténtico, previsto en el artículo 246, inciso 1°, del Código Penal. De acuerdo con la imputación, los procesados habrían presentado certificados de estudios apócrifos de distintas universidades privadas paraguayas con el propósito de gestionar convalidaciones o traslados de carrera ante la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), filial Ciudad del Este.
Los documentos fueron detectados como falsos por el Departamento de Convalidaciones de la UPAP, que remitió notas de verificación a las instituciones que figuraban como emisoras. La Universidad Privada María Serrana confirmó que los certificados presentados por siete de los imputados no correspondían a sus registros, indicando que las firmas, sellos y membretes no coincidían con los oficiales y que carecían del holograma de seguridad institucional.
Asimismo, tres de los sindicados presentaron supuestos certificados expedidos por la Universidad Privada María Auxiliadora (UMAX), que también negó haber emitido tales documentos, señalando que los mismos no poseen validez legal y que las legalizaciones del Ministerio de Educación y Ciencias serían presumiblemente falsas.
Otros tres procesados fueron vinculados con documentos falsificados a nombre de la Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), que informó que los citados nunca fueron alumnos matriculados y que los certificados remitidos “no fueron expedidos ni poseen respaldo institucional alguno”. Finalmente, se constató que uno de los estudiantes presentó documentos apócrifos provenientes de la Universidad Sudamericana, los cuales fueron confirmados por esa casa de estudios como totalmente falsos, con firmas adulteradas.
De acuerdo con la imputación, los 15 estudiantes actuaron de forma independiente, presentando solicitudes de convalidación ante la Secretaría General de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPAP. Como elementos incriminatorios, el Ministerio Público cuenta con los informes técnicos remitidos por las universidades afectadas, copias autenticadas de los documentos presuntamente falsos, declaraciones testificales del personal administrativo de la UPAP, así como los reportes de correspondencia institucional que constatan la inexistencia de los registros académicos de los imputados.
A ello se suman las respuestas oficiales de las universidades consultadas, en las que se certifica la falta de coincidencia entre los nombres, números de cédula y periodos académicos mencionados en los certificados apócrifos y los registros reales de las instituciones.
En su escrito, la fiscal Julia González solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, considerando la falta de antecedentes penales de los imputados, su arraigo en el país y la naturaleza del hecho investigado. Requirió específicamente la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva bajo ciertas condiciones, como la prohibición de ausentarse del territorio nacional sin autorización judicial y la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado mientras dure la investigación.
Fuente: Ministerio Público
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