El abogado Oscar Paciello, representante legal de la familia Lindstron, apuntó que las declaraciones son «absolutamente falsas y de la mala fe» por parte de la empresa agroganadera Aramos SA, actualmente envuelta en un conflicto mediante resolución judicial por la posesión de 250 hectáreas de tierra en Tacuatí.
Expresó que tienen la plena certeza de que el señor Klaus Schmidt y sus abogados tenían el pleno conocimiento de quiénes ocupaban la propiedad. Sin embargo, con absoluta mala fe, promueven un interdicto de recuperación de la posesión señalando que la propiedad estaba abandona, pero sí hay están los ocupantes.
«Es de público conocimiento en Tacuatí que el inmueble es ocupado por la familia, el juez que presentó el interdicto omitió el conocimiento público, y dictó directamente ante la manifestación de que el inmueble estaba abandonado y desocupado, la sentencia concediéndole la ocupación del inmueble. Esto no se pudo verificar», dijo el abogado Paciello.
Apuntó de cómo se puede hablar de violencia después de 40 años de ocupación por parte de la familia Lindstron y muchos menos se puede hablar de clandestinidad.
«El señor Luis Lindstron fue secuestrado de la propiedad, fue asesinado en los alrededores de la propiedad, fue intendente. Cómo se puede hablar de violencia o clandestinidad si la familia hace décadas ocupa el inmueble. Se han falseado los hechos, se ha contado con apoyo externo para que la Fiscalía acceda a esta pretensión. Hemos radicado una denuncia contra el agente fiscal (Joel González, de la Unidad Penal 1 de Horqueta)», describió el abogado.
Para el abogado y la familia, estos acontecimientos se producen precisamente ante la candidatura de Silvia Lindstron como intendente de Tacuatí.
«Para nosotros todo este ataque hacia la familia Lindstron tiene una aclara motivación de perjudicarla en su campaña electoral y por qué, porque ella tiene la adhesión de la gente, toda la comunidad de Tacuatí se presentó para impedir ese despojo», expresó Paciello.
Agregó que le duele que algunos de sus colegas abogados que han participado en el juicio de reivindicación con «absoluta mala fe» y hayan a manifestado luego en el interdicto que el inmueble se encuentra abandonado.
«Esa es una mala fe que se demuestra la nulidad del procedimiento y vamos a anular todos estos», sentenció.
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