Foto: BM Producciones
El economista Ricardo Rodríguez Silvero, en entrevista con Radio 1000, analizó el impacto de la calificación de “grado de inversión” (BBB-) otorgada a Paraguay por la calificadora internacional Standard & Poor’s (S&P) en diciembre de 2025, destacando que se trata de un hito económico que abre importantes oportunidades, aunque con desafíos estructurales aún por resolver.
Según el analista, la calificación representa una señal de confianza internacional, que posiciona a Paraguay como un destino más seguro para los inversores. Esto se traduce en menores riesgos, reducción del costo del endeudamiento y mayor acceso a financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado.
Más inversión, empleo y estabilidad
Rodríguez Silvero explicó que el grado de inversión atrae inversión extranjera directa (IED), impulsa la creación de empresas y favorece la generación de empleo, especialmente en sectores estratégicos como el agro, la energía, la infraestructura y la tecnología. En palabras del presidente Santiago Peña, Paraguay ingresa así a la “Champions League económica” de la región.
Además, la calificación refleja políticas macroeconómicas sólidas, disciplina fiscal y un marco institucional relativamente estable, factores que fortalecen la credibilidad internacional del país y facilitan un crecimiento económico sostenido.
Beneficios con condiciones
No obstante, el economista aclaró que los beneficios del grado de inversión no llegan automáticamente a los sectores más vulnerables. El impacto directo sobre pobres y desempleados dependerá de la implementación de políticas públicas inclusivas, como programas sociales, capacitación laboral y desarrollo productivo.
Desde el Ministerio de Economía, se reconoce que el crecimiento económico debe ir acompañado de acciones focalizadas para que sus efectos positivos alcancen a toda la población.
Lucha contra la corrupción: un desafío clave
Rodríguez Silvero subrayó que para consolidar el grado de inversión y aprovechar plenamente sus beneficios, Paraguay debe reducir la corrupción y la impunidad, factores que erosionan la democracia, debilitan las instituciones y desalientan la inversión.
“La corrupción mina la legitimidad del Estado, agrava la desigualdad, fomenta el crimen organizado y frena la integración del país a la economía global”, señaló. En ese sentido, consideró fundamental fortalecer el sistema de justicia, garantizar su independencia, promover la transparencia y aplicar estrategias que ataquen las estructuras que sostienen la corrupción, y no solo a individuos aislados.
Crimen organizado: una amenaza global
El economista también advirtió sobre el impacto del crimen organizado transnacional, señalando que Paraguay es un corredor estratégico para actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y personas, y el lavado de dinero.
En este contexto, destacó la importancia de la cooperación internacional, liderada por organismos como la ONU (UNODC), Interpol y Europol, mediante instrumentos como la Convención de Palermo y estrategias basadas en las “4 P”: Preparar, Prevenir, Perseguir y Proteger.
Acuerdo Mercosur–Unión Europea: una oportunidad estratégica
Finalmente, Rodríguez Silvero se refirió al Acuerdo Mercosur–Unión Europea, que atraviesa una etapa decisiva. Tras décadas de negociación, el acuerdo comercial se encuentra pendiente de ratificación y podría ser firmado definitivamente durante la Cumbre de Mercosur en Foz do Iguaçu, el 20 de diciembre de 2025.
El acuerdo apunta a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, eliminando aranceles, fortaleciendo la cooperación política y promoviendo estándares de sostenibilidad. Aunque persisten reticencias en algunos sectores agrícolas europeos, el contexto geopolítico y la búsqueda de socios confiables impulsan su concreción.
Un paso decisivo, pero no suficiente
En síntesis, el grado de inversión constituye un reconocimiento internacional a la estabilidad económica de Paraguay y una plataforma para un crecimiento más robusto y sostenible. Sin embargo, su verdadero impacto social dependerá de una gestión responsable, del fortalecimiento institucional y de políticas que garanticen que el desarrollo económico se traduzca en mejor calidad de vida para toda la población.
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