El gobierno peruano prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia del Callao, una medida destinada a enfrentar el crimen organizado y otros actos de violencia. La medida, inicialmente adoptada en octubre por el presidente interino José Jerí, fue oficializada este sábado 20 de diciembre mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú contará con el apoyo de las fuerzas armadas para mantener el orden y actuar en las zonas de mayor riesgo. La medida incluye la restricción temporal de derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
El decreto establece que, una vez concluida la prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) tendrá cinco días para informar al Ministerio del Interior sobre los resultados de la medida. Posteriormente, el informe final será evaluado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con las recomendaciones correspondientes.
En los primeros días del estado de emergencia, el presidente interino participó en operativos policiales en diferentes puntos de la capital, incluyendo cárceles, y su gabinete ministerial también supervisó intervenciones en diversas zonas de Lima. Sin embargo, los casos de extorsión y sicariato contra trabajadores del transporte urbano y de la construcción han continuado registrándose en la región.
Además, el gobierno declaró un estado de emergencia de 60 días en varios distritos de las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y otros delitos conexos. En estas zonas, las fuerzas armadas también apoyarán a la Policía Nacional en el control del orden y en las intervenciones contra focos de violencia.
Fuente: DW
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