El abogado defensor Francisco de Vargas cuestionó la sentencia del Tribunal que condenó a los empresarios Pablo Suárez y María José Arce, por una presunta estafa en perjuicio de dos exfutbolistas. Según sostuvo, el fallo no se corresponde con las pruebas producidas durante el juicio. El letrado adelantó que aguardarán la notificación de la sentencia íntegra para presentar una apelación y destacó que, pese al pedido de la Fiscalía y la querella, el Tribunal no dispuso la prisión preventiva de los condenados.
En su resolución, el Tribunal entendió que Suárez y Arce incurrieron en el delito de estafa al transferir a una tercera sociedad la propiedad que habían ofrecido como aporte para la conformación de la empresa encargada de construir un edificio. De acuerdo con el fallo, esa operación implicó desconocer las ventas de departamentos que previamente se habían realizado a los exjugadores Rodrigo “Popi” Muñoz y Juan Manuel Salgueiro.
No obstante, De Vargas afirmó que dicha interpretación es errónea. Explicó que la transferencia se efectuó a una sociedad en la que Suárez y Arce conservaban el 50% de las acciones y que los integrantes de esa firma fueron informados desde un inicio de que cuatro unidades ya habían sido vendidas. Además, aseguró que durante el proceso quedó demostrado que los acusados adoptaron medidas para resguardar esos departamentos y cumplir con los compromisos asumidos.
El defensor también cuestionó algunas apreciaciones de la jueza Gloria Hermosa sobre el estado de la obra. Señaló que la magistrada describió al edificio como un “esqueleto” y descartó que la construcción estuviera avanzada en un 70%, afirmaciones que —según De Vargas— contradicen el informe pericial incorporado al juicio.
Otro de los aspectos objetados por la defensa fue la valoración de la prueba testimonial. El abogado indicó que el Tribunal no consideró la declaración del administrador de la obra, Héctor Ayala, quien aseguró haber informado de manera permanente a los compradores sobre la transferencia de las acciones. A pesar de ello, sostuvo que los jueces otorgaron mayor credibilidad a los denunciantes, quienes afirmaron no haber tenido conocimiento de esa operación.
En cuanto a las penas, Pablo Suárez fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, mientras que María José Arce recibió una condena de dos años de prisión en suspenso. Para De Vargas, la sanción impuesta resulta desproporcionada, ya que —a su criterio— no existió el delito de estafa. No obstante, subrayó que el Tribunal no hizo lugar a los pedidos de la parte acusadora: la Fiscalía había solicitado una pena de siete años y seis meses de prisión, mientras que una de las querellas requirió una condena de ocho años.
Discussion about this post