Un total de 21 gremios docentes presentaron este martes una contrapropuesta oficial a la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo, en la que reclaman la conformación de una mesa de trabajo y exigen que el Estado asuma el déficit del sistema previsional. Asimismo, advirtieron que no iniciarán las clases si el proyecto avanza sin consenso.
La presentación fue realizada ante el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, diputado Colym Soroka, y contó con el respaldo de las organizaciones nucleadas en la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación.
Entre los principales puntos, los gremios solicitan que el aporte estatal a la Caja Fiscal se eleve al 14%, en contraposición al 3% previsto en el proyecto oficial.
Tras la entrega del documento, dirigentes sindicales brindaron declaraciones a la prensa. El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, defendió la propuesta señalando que, en comparación regional, Paraguay es el único país donde el Estado no realiza un aporte significativo como patronal. “Argentina aporta 13,8% y Brasil el 20%”, sostuvo.
Por su parte, el secretario general de la OTEP-Auténtica, Gabriel Espínola, afirmó que el déficit de la Caja Fiscal responde exclusivamente a una “deuda histórica” del Estado. Según estimaciones de los sindicatos, dicho pasivo superaría los US$ 4.200 millones.
En entrevista con Radio 1000, Espínola aseguró que el Estado, en su carácter de empleador, no realizó aportes desde la creación del sistema en 1909, y acusó a administraciones anteriores de haber utilizado fondos jubilatorios para otros fines, como el financiamiento de conflictos bélicos y el pago de deuda pública.
Los gremios también reiteraron su rechazo a los cambios propuestos en la edad y los requisitos de jubilación, y plantearon que cualquier modificación del régimen previsional se aplique únicamente a los nuevos ingresantes a la función pública, a fin de preservar los denominados derechos adquiridos.
En cuanto al proceso legislativo, propusieron la conformación inmediata de una mesa técnica que trabaje durante enero y febrero, con miras a alcanzar un acuerdo antes del tratamiento del proyecto en el Congreso, previsto para marzo.
Como medida de presión, advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, no iniciarán las clases en el próximo periodo lectivo.
Desde el sector sindical también cuestionaron la urgencia del tratamiento de la reforma, señalando que su eventual entrada en vigencia está prevista para enero de 2027.
La postura de los docentes contrasta con la advertencia realizada días atrás por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien ante la Comisión Permanente alertó sobre el acelerado deterioro y crecimiento del déficit de la Caja Fiscal, señalando que la situación es insostenible sin la aplicación de cambios paramétricos inmediatos, como el ajuste de la edad jubilatoria.
En esa ocasión, el titular del MEF afirmó que no existen “soluciones mágicas” y que tanto el Estado como los trabajadores deberán realizar esfuerzos para evitar que el desequilibrio financiero continúe agravándose.
Fuente: ABC Color
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