Gustavo Báez, periodista de Radio Sin Fronteras de Pedro Juan Caballero, brindó a Radio 1000 un detallado informe sobre el fallecimiento de una niña de 3 años, ocurrido la semana pasada en una comunidad indígena de la etnia Paĩ Tavyterã, ubicada a unos 45 kilómetros del casco urbano de la capital del departamento de Amambay.
Según el reporte, las 60 familias que integran la comunidad viven en condiciones de extrema precariedad, sin acceso directo al camino principal. Para ingresar o salir del lugar deben atravesar una estancia privada cuyos portones se cierran a las 17:00, quedando la población completamente aislada hasta las 06:30 del día siguiente.
La comunidad no cuenta con Unidad de Salud Familiar, presencia policial, patrulleras ni energía eléctrica. Tampoco dispone de agua potable, ya que las familias se abastecen de una naciente natural. Báez describió la situación como un “fracaso total del Estado” en materia de asistencia y protección social.
Algunos pobladores reciben el subsidio Tekoporã, aunque el monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas del mes. En la comunidad viven alrededor de 150 niños, y solo una familia cuenta con gallinas para el autoconsumo.
La madre de la niña relató que la menor “no se encontraba tan mal” en los días previos al fallecimiento y que incluso había comido una pequeña porción de fideos el día anterior. Sin embargo, reconoció que en muchas ocasiones pasaban semanas sin alimentarse adecuadamente. El principal sustento de la familia, cuando estaba disponible, era leche o agua.
La madre, de 18 años, dio a luz a los 15. El informe del médico forense concluyó que la niña padecía desnutrición crónica desde hacía al menos seis meses, condición que habría sido determinante en su fallecimiento.
Actualmente, la mujer se encuentra detenida en la Comisaría 12 de Mujeres de Pedro Juan Caballero, mientras que la fiscal Sandra Cecilia Díaz solicitó su prisión preventiva. Un representante del Ministerio de la Defensa Pública fue designado para ejercer la defensa de los padres.
El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado ante la situación de abandono que enfrentan comunidades indígenas en zonas rurales del país.
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