El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, se refirió a la flexibilidad con la que se otorgan medidas alternativas a la prisión preventiva a personas consideradas peligrosas, señalando que el sistema penal paraguayo se rige por un fuerte esquema de garantías constitucionales.
En entrevista con Radio 1000, Rolón Fernández admitió que existen aspectos que deben ser examinados en el proceso de aseguramiento de las personas. “No se descarta que en el eslabón del aseguramiento puedan existir falencias”, expresó.
No obstante, explicó que la estructura jurídica vigente prioriza el respeto a los derechos fundamentales. “Una privación de libertad con todas las reglas recién se legitima con una sentencia definitiva condenatoria firme”, sostuvo.
El fiscal general recordó que, mientras se sustancia el proceso, toda persona goza de la presunción de inocencia, lo que le otorga el derecho a defenderse en libertad. “El imputado tiene la expectativa constitucional de discutir la causa en libertad”, indicó.
Rolón Fernández subrayó que la concesión o no de medidas alternativas es una atribución exclusiva del Poder Judicial. “Es el juez quien evalúa la información y decide si el sujeto amerita o no permanecer en libertad; se trata de una decisión judicial”, remarcó.
Al referirse al intento de asalto ocurrido recientemente, que terminó con la muerte del propietario de la vivienda y de uno de los presuntos delincuentes —un joven con frondosos antecedentes, varios de ellos por homicidio doloso—, el titular del Ministerio Público reconoció la gravedad del desenlace.
“En este caso, evidentemente hubo una defección, el resultado fueron dos personas fallecidas. Sin embargo, evaluar si la decisión judicial fue correcta o no no le corresponde a la Fiscalía, sino al juez”, concluyó.
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