La agente fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, imputó a una docente de 43 años por la supuesta comisión del hecho punible de violación del deber de cuidado o educación, en el marco de una causa vinculada a un caso de acoso escolar que habría derivado en el suicidio de un menor.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la imputada, quien se desempeñaba como asesora de curso en una institución educativa del distrito de Presidente Franco, habría tenido conocimiento directo de situaciones de acoso escolar y violencia psicológica sufridas por un alumno de 12 años durante el año 2023. Sin embargo, presuntamente omitió activar los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la detección, comunicación y abordaje de hechos de bullying.
El niño se quitó la vida en julio de 2024, tras un deterioro progresivo de su salud emocional. Según los antecedentes recabados por la Fiscalía, una autopsia psicológica preliminar determinó que la víctima padecía un cuadro depresivo.
El padre del menor, Carlos Manuel López Espínola, en entrevista con Radio 1000, relató que, tras el fallecimiento de su hijo, la familia comenzó a reconstruir su entorno escolar y detectó indicios de acoso sistemático. Entre los elementos analizados figuran cuadernos escolares, dibujos, anotaciones y mensajes hallados en una aplicación de mensajería utilizada por el niño, en los que expresaba su rechazo a volver al colegio y el malestar que experimentaba en el ámbito educativo.
Asimismo, el denunciante señaló que durante 2023 se registraron episodios de violencia verbal por parte de compañeros, incluso una pelea que motivó una citación de la docente a los padres, sin que posteriormente se haya dado intervención formal a las autoridades escolares ni se haya aplicado el protocolo de actuación vigente, contemplado en la Ley N.º 4633 contra el acoso escolar y su reglamentación mediante el Protocolo N.º 8353 del MEC.
Ante la falta de respuestas administrativas, la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público. En el marco de la investigación, la fiscal Coronel ordenó el allanamiento de la institución educativa y la incautación de documentos correspondientes a los años 2022 y 2023, además de otros elementos probatorios aportados por los padres del menor.
Según la imputación, la omisión atribuida a la docente habría impedido la detección temprana y el abordaje adecuado de la situación de violencia psicológica, vulnerando el deber de protección de la integridad física y emocional del niño.
La Fiscalía continúa con las diligencias investigativas a fin de determinar responsabilidades penales y esclarecer plenamente los hechos, en una causa que reaviva el debate sobre la aplicación efectiva de los protocolos contra el acoso escolar en instituciones educativas del país.
Sonia Escauriza, directora general de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en entrevista con Radio 1000, reportó que en el año 2025 se registraron un total de 361 denuncias por bullyig.
Aclaró que desde el MEC siempre se instruye a los docentes para que tengan conocimiento de los protocolos de prevención correspondientes.
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