La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra dos exfuncionarios del Ministerio Público, hallados culpables de destruir y comercializar expedientes judiciales y carpetas fiscales que se encontraban bajo su custodia.
Los sentenciados, Leticia Aidée Núñez Méndez y Freddy Joaquín Domínguez Oviedo, recibieron una pena privativa de libertad de dos años. Sin embargo, el tribunal dispuso la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por un periodo de tres años, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta establecidas.
De acuerdo con la investigación, ambos se desempeñaban en el área de depósito de la institución, desde donde aprovechaban su acceso para sustraer documentos oficiales. En lugar de resguardar los expedientes, procedían a destruirlos mediante trituración y posteriormente los vendían como papel reciclable.
El caso evidenció una grave vulneración a la integridad de los procesos judiciales, así como a la cadena de custodia de documentos fundamentales para las investigaciones penales, generando un impacto directo en el sistema de justicia.
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