El presidente de la República, Santiago Peña, procedió a la firma del decreto reglamentario de la Ley de Etanol, una medida estratégica diseñada para fortalecer la producción nacional y blindar el mercado interno. La normativa reglamenta las leyes N.° 7357/2024 y N.° 7391/2024, estableciendo que al menos el 50% del alcohol utilizado en la mezcla con combustibles debe provenir obligatoriamente de la caña de azúcar. Este marco legal busca garantizar una demanda sostenida para el sector cañicultor, brindando mayor previsibilidad a los productores primarios y consolidando a la industria local como el pilar del consumo energético nacional.
La reglamentación introduce mecanismos de control rigurosos para verificar el cumplimiento de los porcentajes de adquisición y utilización de alcohol anhidro. Para asegurar la efectividad de la norma, se ha incorporado un régimen sancionador administrativo que penalizará los casos de incumplimiento en la cadena de suministro. Asimismo, el decreto contempla la implementación de un calendario técnico que permitirá ordenar la oferta de alcohol absoluto según su volumen y tipo de materia prima, facilitando así que los industriales y productores puedan planificar sus inversiones en condiciones más estables y competitivas.
El Ministerio de Industria y Comercio ha sido designado como la autoridad de aplicación de esta ley, asumiendo la responsabilidad total sobre las tareas de fiscalización y sanción. El objetivo de esta estructura es reducir la dependencia de insumos importados y promover la industrialización de la caña de azúcar dentro del país. Con un sistema de monitoreo más estricto, el Gobierno busca asegurar que el agregado de valor a la producción nacional se traduzca en beneficios directos para la economía rural y la cadena productiva del sector energético.
Esta iniciativa apunta a generar un círculo virtuoso que impulse la generación de empleo y fortalezca el rol estratégico del sector cañero en la matriz energética paraguaya. Al priorizar el etanol de origen nacional, se pretende no solo proteger el mercado interno, sino también fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades agrícolas. La puesta en marcha de estas disposiciones administrativas marca un paso decisivo hacia la autonomía energética y la modernización de los procesos de control en la comercialización de combustibles en todo el territorio nacional.
Discussion about this post