La fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, formuló imputación formal contra tres ciudadanos paraguayos tras una serie de operativos simultáneos en las ciudades de Emboscada y Mariano Roque Alonso. Los procesados están vinculados a la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), actividad que fue detectada mediante tareas de vigilancia en redes de intercambio de archivos. Debido a la gravedad de los hechos, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva para todos los involucrados.
La investigación se originó a partir de reportes del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen, utilizando el Sistema de Protección Infantil (CPS) en convenio con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Las autoridades lograron identificar direcciones IP en territorio nacional que registraban descargas masivas. En uno de los procedimientos se detectaron más de 3.300 descargas realizadas bajo el protocolo BitTorrent, mientras que en otro caso se hallaron archivos prohibidos directamente en el teléfono celular de uno de los detenidos.
Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en una empresa de seguridad privada en Mariano Roque Alonso, donde se detuvo al considerado objetivo principal de la operación. En el sitio, los intervinientes confirmaron la instalación de programas de intercambio de archivos en equipos informáticos laborales, los cuales habrían sido utilizados por un empleado para la descarga y visualización del material durante sus horas de trabajo. Según la fiscalía, el uso de herramientas forenses permitió trazar la coincidencia exacta entre los reportes internacionales y la actividad en dicho puesto laboral.
La fiscalía ha tipificado estas conductas como Pornografía Relativa a Niños y Adolescentes, un hecho punible que conlleva una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel. Durante las intervenciones se incautaron múltiples dispositivos, incluyendo diez teléfonos celulares, computadoras y equipos de almacenamiento, que serán sometidos a peritajes para determinar la cifra real de archivos. La fiscal Benítez enfatizó que la evidencia digital recolectada hasta el momento otorga certeza sobre la participación de los detenidos en el almacenamiento y redistribución de estos contenidos.
Esta intervención se realizó bajo el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, en la que participaron un total de 16 países para combatir la explotación sexual de menores en entornos digitales. El procedimiento subraya el compromiso de Paraguay con el Convenio de Budapest, fortaleciendo la persecución penal mediante la cooperación internacional y el uso de tecnología avanzada para detectar redes de distribución de material ilícito.
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