El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N.º 3, a cargo del magistrado Carlos Luis Mendoza Peña, dictó el cómputo definitivo de la pena para José María Orue Rolandi, condenado por el hecho punible de lesión de confianza, recibiendo una sentencia de cuatro años de pena privativa de libertad.
Tras haber contado con medidas alternativas a la prisión preventiva desde el año 2015, la situación procesal del condenado se regularizó recientemente. El pasado 27 de abril, Orué Rolandi se presentó de manera voluntaria en la oficina de Guardia del Departamento Judicial de la Policía Nacional. Ante esta presentación espontánea, el juzgado resolvió dejar sin efecto y revocar las órdenes de captura que pesaban sobre él desde octubre de 2024, así como las medidas cautelares previas que habían sido dictadas en el marco de esta causa.
Con la reclusión formalizada, el calendario judicial establece que el tiempo de privación de libertad se cuenta desde el día de su entrega. De esta manera, el documento oficial estipula que la pena de cuatro años será compurgada íntegramente el 27 de abril de 2030. El magistrado determinó que tendrá derecho a solicitar salidas transitorias a partir del 27 de abril de 2028 y podrá optar por la libertad condicional el 27 de diciembre de 2029, fecha en la que cumplirá las dos terceras partes de su condena.
Para garantizar el proceso de reinserción social, el Juez Mendoza Peña dispuso la intervención inmediata del Organismo Técnico Criminológico. Este equipo especializado tiene la tarea de examinar al condenado en un plazo máximo de 45 días para proponer el establecimiento penitenciario o la sección más adecuada para su reclusión. La evaluación técnica deberá incluir estudios médicos, psicológicos y sociales que permitan diseñar un tratamiento específico recomendable para el interno, considerando aspectos como el trabajo y el estudio.
Finalmente, la resolución judicial ordena que todo el proceso sea registrado y notificado electrónicamente a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. El sistema de justicia da por cerrada la etapa de captura e inicia formalmente el periodo de tratamiento penitenciario del condenado.
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