El juez penal de garantías en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción, Humberto Otazú, ordenó la apertura a juicio oral y público para tres acusados por un esquema de irregularidades administrativas, financieras y judiciales que afectó gravemente a la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional.
La resolución se dio tras concluir la audiencia preliminar, instancia donde el magistrado resolvió rechazar la totalidad de los incidentes de nulidad, excepciones de falta de acción y pedidos de sobreseimiento definitivo planteados por los abogados defensores.
El dictamen judicial admite de forma íntegra la acusación formulada por el Ministerio Público y la querella adhesiva contra los principales sospechosos. La disposición afecta a Arnaldo Rafael Maciel Riveros, expresidente del Consejo de Administración de la referida asociación, y a Blas Emilio Mora Jiménez, exadministrador de la entidad; ambos procesados en calidad de coautores por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y apropiación. Asimismo, la elevación a juicio alcanza al magistrado Víctor Nilo Rodríguez Acosta, actual Juez de Paz de La Recoleta, quien se encuentra acusado como autor de prevaricato y coautor del uso de documentos públicos de contenido falso, resolviéndose al mismo tiempo mantener vigentes las medidas cautelares que pesan sobre los tres procesados.
De acuerdo con la investigación, que abarca el periodo comprendido entre los años 2019 y 2024, la nucleación interna operaba como intermediaria para realizar descuentos salariales directos a sus socios con el fin de cancelar créditos contraídos con las firmas comerciales Presto S.A. y Serfin S.A. Sin embargo, la directiva presuntamente implementó un mecanismo de «bicicleteada» financiera, omitiendo transferir de forma íntegra los montos retenidos a las firmas acreedoras, lo que provocó que los funcionarios ingresaran en mora involuntaria y generó un perjuicio patrimonial estimado en 5.112.374.175 guaraníes.
Las pericias y auditorías contables oficiales revelaron, además, que no se pudo determinar el destino final de otros 989.974.175 guaraníes provenientes de los aportes directos de unos 204 socios activos de la organización.
La causa penal también destapó un esquema sistemático de tramitación irregular en sede judicial que funcionaba en complicidad con el Juzgado de Paz de La Recoleta. Se comprobó que el juez Víctor Nilo Rodríguez Acosta, con la asistencia de funcionarios de su secretaría, daba curso inmediato a juicios ejecutivos masivos contra los mismos socios del SNPP.
Estos procesos civiles se basaban en notificaciones presuntamente falsas o irregulares practicadas en los lugares de trabajo de las víctimas, derivando en embargos salariales duplicados y nuevas cargas económicas lesivas para los afectados, a pesar de que las cuotas de sus préstamos ya habían sido descontadas previamente por planilla. Tras validar las pruebas documentales y periciales, el juzgado dispuso remitir el expediente en la brevedad a un Tribunal de Sentencia para el inicio del debate oral.
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