Un nuevo terremoto político sacude las estructuras del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la nucleación política que lidera el Gobierno en la madre patria. El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó la imputación formal del exsecretario de Organización de la nucleación, Santos Cerdán, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías, y de la actual directora gerente del partido, Ana María Fuentes.
La investigación penal se abrió ante la presunta puesta en marcha de una red interna dedicada a desestabilizar y boicotear los procedimientos judiciales que pudieran afectar al oficialismo español o al entorno directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las pesquisas, ejecutadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, derivaron este miércoles en un exhaustivo requerimiento de información de doce horas en la sede central del partido en Madrid, a fin de incautar una importante cantidad de datos contables y correos electrónicos corporativos.
De acuerdo con el auto judicial emitido en España, el magistrado sostiene que Santos Cerdán, aprovechando su alto cargo en el aparato de la organización, habría puesto la estructura del partido y más de 188.000 euros (unos 1.500 millones de guaraníes) de fondos partidarios a disposición de una red ilícita encargada de entorpecer las indagaciones sensibles.
En específico, el blindaje buscaba frenar las causas dirigidas contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del jefe del Ejecutivo español, respectivamente. El plan delictivo, que según las sospechas comenzó a fraguarse en abril de 2024 coincidiendo con los cinco días de «reflexión» tomados por el presidente Pedro Sánchez al conocerse la investigación contra su cónyuge, incluía ofrecimientos económicos y sobornos a imputados, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad a cambio de filtraciones o de actos contrarios al ejercicio de sus funciones.
La pieza central del engranaje operativo recaía presuntamente en la exmilitante y comunicadora Leire Díez, señalada como la coordinadora de las acciones de obstrucción, quien habría percibido diversas sumas de dinero camufladas mediante facturas falsas. El sumario detalla desvíos de fondos que incluyen 27.000 euros a Díez utilizando como intermediario al abogado Ismael Oliver, cobros mensuales de 4.000 euros a través de la consultora del dirigente Gaspar Zarrías, un pago de 20.000 euros a una publicación periodística gestionado por el entonces director de comunicación del partido, Ion Antolín, a través del plan de medios de las elecciones regionales de Cataluña en 2024, y unos 125.000 euros abonados al letrado Jacobo Teijelo.
El juez apunta directamente a la gerente Ana María Fuentes como la responsable de emitir las órdenes de encargo falaces para dar apariencia de legalidad a las transacciones de las denominadas «cloacas» del partido de Gobierno.
Dentro de los hechos más graves descritos en la resolución, el juez Pedraz identificó dos intentos de soborno concretos perpetrados por la organización: un ofrecimiento de 50.000 euros dirigido a la empresaria Carmen Pano —investigada en una causa de hidrocarburos— para evitar que ratificara judicialmente la entrega de un pago en efectivo de 90.000 euros en la sede socialista, y una oferta de 300.000 euros o un puesto en el extranjero destinada al fiscal José Grinda con el propósito de obtener datos reservados sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Asimismo, las pesquisas alcanzan a la propia Dirección General de la Guardia Civil española, donde los agentes recabaron expedientes internos para esclarecer una posible filtración de documentos que involucra a un capitán de la fuerza también imputado. Ante la gravedad de los acontecimientos, el Consejo General del Poder Judicial aclaró en un comunicado oficial que el procedimiento no persigue una financiación irregular del partido, sino los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias cometidos con cargo al presupuesto de la nucleación oficialista.
Desde Roma, tras mantener una reunión con el pontífice León XIV, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su máximo respeto hacia las actuaciones de la justicia de su país y defendió la escrupulosa gestión de las cuentas por parte de la gerente imputada, garantizando la total colaboración de su partido y desestimando tajantemente cualquier posibilidad de un adelanto electoral antes del fin de su mandato en 2027.
El líder de la oposición y presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, calificó la situación institucional como agónica y exigió la convocatoria inmediata a las urnas bajo el argumento de que el Ejecutivo llevó a la nación a la indecencia política, mientras los socios parlamentarios de la coalición de gobierno supeditan la continuidad de su respaldo parlamentario a la ausencia de sentencias firmes relativas a la malversación de caudales públicos.
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