El senador Rafael Filizzola lanzó duras críticas contra la reciente adjudicación de la banda de 3.500 MHz para el desarrollo de la red 5G en Paraguay, calificando el proceso como un «negociado direccionado de manera burda» para beneficiar a sectores vinculados al poder político.
El legislador lamentó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones haya convertido un recurso estratégico y público limitado —al que definió como una “autopista invisible”— en un negocio diseñado para favorecer a empresas amigas o propiedad del entorno del presidente Santiago Peña.
En declaraciones ante la prensa, Filizzola cuestionó que la Conatel haya entregado la totalidad de los 400 MHz disponibles en la banda principal a solo dos operadores, otorgando 200 MHz a cada uno, el doble de lo recomendado técnicamente (entre 80 y 100 MHz por empresa) para un funcionamiento eficiente.
El senador denunció que, bajo una «excusa ridícula» de seguridad nacional por el uso de tecnología de origen chino, se dejó deliberadamente fuera de la licitación a las firmas Tigo y Personal, que actualmente concentran el 70% del mercado paraguayo y unos 9 millones de clientes. Señaló la contradicción de este argumento geopolítico al recordar que la tecnología 4G actual está montada sobre componentes chinos y que los teléfonos de uso diario, incluidos los iPhones, se fabrican en dicho país asiático.
De acuerdo con el parlamentario, la exclusión de estas compañías condena a sus usuarios a quedarse fuera del avance del 5G o a verse obligados de forma perversa a migrar de operadora, comparando la situación con monopolios comerciales del sector financiero. Denunció que una de las dos adjudicadas es Nubicom, una empresa vinculada al mandatario que, según afirmó, se presentó tarde al proceso, no cuenta con una sola antena ni cable instalado en el país, y no pudo acreditar el capital mínimo ni la cantidad de clientes básicos requeridos para demostrar capacidad técnica de prestación.
Por último, Filizzola enmarcó este caso dentro de una serie de «negocios temerarios e irresponsables» de la administración actual que ponen en riesgo el patrimonio del Estado. Criticó el rumbo financiero del Ejecutivo, señalando maniobras previas con fondos públicos de jubilados y aportantes del Instituto de Previsión Social, y advirtió que el nivel de sobreendeudamiento, despilfarro y malgasto bajo la gestión de Peña impide el correcto cumplimiento de las obligaciones financieras del país, lesionando gravemente las reglas de la libre competencia.
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