El presidente de la República, Santiago Peña, dispuso dejar sin efecto los decretos N.º 5306 y 5307 (emitidos el 16 de enero de 2026), así como sus modificaciones contenidas en los decretos N.º 5860 y 5861 (del 24 de abril de 2026). Las normativas derogadas establecían una política pública orientada a atraer industrias electrointensivas —de alto consumo energético— mediante tarifas eléctricas preferenciales fijadas en dólares y contratos de suministro a largo plazo de hasta 15 años.
La determinación oficial fue comunicada en una conferencia de prensa celebrada en Mburuvicha Róga. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Félix Sosa.
Según el equipo civil y técnico del Gobierno, dar marcha atrás con la iniciativa busca preservar la armonía en el clima de negocios local, evitar riesgos estratégicos y permitir que la ANDE se concentre en el fortalecimiento de sus finanzas y en la ejecución de su Plan Maestro sin comprometer su estructura de costos.
La vigencia de estas tarifas preferenciales había despertado fuertes cuestionamientos y controversias tanto en sectores políticos como en ámbitos técnicos en las últimas semanas. Incluso trascendieron versiones sobre una supuesta línea de fractura interna en el Ejecutivo, afirmándose que el titular de la ANDE, Félix Sosa, habría presentado su renuncia al cargo tras negarse a implementar los beneficios tarifarios. Sin embargo, durante la rueda de prensa, el propio Sosa desmintió categóricamente haber recibido cualquier tipo de presión política o institucional para torcer los criterios técnicos de la binacionalidad.
Por su parte, el ministro Marco Riquelme destacó la apertura del mandatario para escuchar los reclamos de los distintos sectores productivos y sentarse a reformular las acciones de gobierno. Las autoridades ratificaron de manera unánime que la industrialización del país y la generación de empleos de calidad mediante el uso de la energía excedente siguen siendo prioridades absolutas para la administración actual.
No obstante, aclararon que tras las críticas recibidas, los mecanismos de incentivo y las condiciones contractuales serán revisados integralmente bajo una mesa de coordinación conjunta entre el MIC, el MOPC, el MITIC y la ANDE.
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