La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución clave que cierra de manera definitiva la disputa jurídica en torno a la fortuna del cambista brasileño Darío Messer. El máximo tribunal resolvió confirmar, mediante la figura legal de la «decisión directa», la Sentencia Definitiva N.º 3 del 3 de enero de 2024, ratificando que todo el patrimonio y las empresas del procesado en territorio paraguayo queden incautados de forma permanente y pasen a manos del Estado. La fortuna objeto de este comiso autónomo está estimada en una cifra cercana a los USD 150 millones.
El caso llegó a la última instancia judicial a través de un recurso extraordinario de casación interpuesto por las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, en representación de Messer. La defensa atacaba tanto el comiso original como el Acuerdo y Sentencia N.º 8 del 6 de junio de 2024, dictado por el Tribunal de Apelación, el cual había cancelado la personería de las profesionales bajo el argumento de que no podían defender a un imputado que se encuentra en estado de rebeldía y con orden de captura en el país.
Al revisar los antecedentes, la Sala Penal —integrada por los magistrados Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Paublino Escobar— detectó graves vicios procesales en el fallo de segunda instancia, concluyendo que los camaristas incurrieron en un error de derecho al dejar indefenso al procesado, por lo que resolvieron anular de forma unánime dicha resolución de alzada.
El uso de la «decisión directa» para blindar el fallo
A pesar de darles la razón a las abogadas en el apartado procedimental por la cancelación arbitraria de su personería, la Corte Suprema frenó cualquier intento de recuperar el patrimonio. Los magistrados Silvana Luraghi y Paublino Escobar votaron por aplicar la facultad de resolución directa y ratificar el comiso de primera instancia, al considerar que los cuestionamientos de la defensa respecto al uso de pruebas de la Operación Lava Jato de Brasil y la supuesta falta de notificación carecían de sustento técnico frente a los aplastantes elementos que demostraban el origen ilícito del dinero.
El preopinante Gustavo Amarilla votó en minoría a favor de reenviar el expediente a otra Cámara de Apelaciones, pero la postura mayoritaria terminó sellando el destino de los bienes.
Con esta determinación de la Corte, el Estado paraguayo toma posesión oficial de una estructura financiera que incluye sumas en efectivo por G. 5.000 millones y USD 2 millones, además de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), bonos y acciones que rondan los G. 40.000 millones y otros USD 2 millones. La lista de activos ratificada por el Tribunal de Sentencia Especializado que estuvo integrado por los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, abarca lujosos vehículos de alta gama, una aeronave, estancias equipadas y miles de cabezas de ganado.
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