El presidente de la República, Santiago Peña, remitió formalmente al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Transferencias Monetarias para la Inclusión Social y Reducción de la Pobreza. Con esta propuesta, el Gobierno busca actualizar un marco legal que data del año 2011, con el objetivo de regular, coordinar y dotar de mayor efectividad a los programas estatales encargados de asistir económicamente a las familias y personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
La normativa establece que el Estado entregará sumas de dinero, de forma periódica o extraordinaria, condicionadas estrictamente al cumplimiento de compromisos específicos orientados al desarrollo social. A través de los canales oficiales de la Presidencia en las redes sociales, las autoridades destacaron el trasfondo doctrinario de la iniciativa, manifestando que «la redención política no tiene relevancia si no se emancipa al hombre de la miseria», y reafirmando el compromiso gubernamental de garantizar que ningún paraguayo quede desamparado.
El elemento fundamental y novedoso que incorpora el proyecto es la creación del Registro Social de Hogares, el cual se constituirá como un instrumento obligatorio para la clasificación socioeconómica de las familias a nivel país.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que, mediante esta nueva herramienta técnica, se avanzará hacia una focalización mucho más precisa de los recursos públicos, otorgando prioridad de acceso a las comunidades indígenas y a las personas con discapacidad a través de plataformas vigentes como el programa Tekoporã.
Con el fin de asegurar la trazabilidad, la transparencia y una adecuada rendición de cuentas, la propuesta contempla la implementación progresiva de tecnologías avanzadas para el manejo y blindaje de la información social. Bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social, el nuevo marco legal apunta a eliminar la duplicación de programas subsidiarios y optimizar el uso de los recursos financieros del Estado mediante una coordinación interinstitucional obligatoria.
De prosperar el análisis y recibir la sanción correspondiente en las cámaras del Poder Legislativo, la ley anterior quedará completamente derogada para dar paso al nuevo sistema de protección.
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