El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), Pablo Morínigo, afirmó que la institución revisará la denuncia presentada por la farmacéutica Megalabs ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por supuestas irregularidades en una licitación para la adquisición de medicamentos con stock crítico.
La firma cuestiona un presunto cambio en las fechas del proceso licitatorio, señalando que la apertura de sobres se habría adelantado del 8 al 1 de junio sin una comunicación adecuada a los oferentes.
En entrevista con Radio 1000, Morínigo señaló que aún no cuenta con todos los antecedentes del caso, ya que la presentación formal ante la DNCP todavía no fue remitida al IPS.
“No puedo decir en este momento si eso es cierto o no. Primero hay que establecer si efectivamente ocurrió y, en caso de que haya ocurrido, verificar cuál fue la justificación y si se ajusta al marco legal”, expresó.
El director jurídico indicó que solicitará informes a las áreas correspondientes para determinar las circunstancias del cambio denunciado y evaluar si se cumplieron los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Morínigo remarcó que cualquier modificación de las reglas de un proceso licitatorio debe estar debidamente fundamentada y respetar los principios de igualdad y transparencia.
“Todo cambio en las reglas de juego tiene que estar justificado. Si efectivamente hubo una modificación, habrá que analizar si existió una razón legal que la respalde”, sostuvo.
La denuncia se refiere a la Licitación Pública Nacional N.º 04/2026, denominada “Adquisición de medicamentos varios con stock crítico”, convocada para abastecer insumos considerados esenciales dentro del sistema previsional.
En ese sentido, Morínigo destacó que la principal preocupación institucional es garantizar la provisión de medicamentos a los asegurados en el menor tiempo posible, atendiendo la situación de escasez existente.
“Estamos hablando de medicamentos con stock crítico. La prioridad es que esos productos estén disponibles para los pacientes lo antes posible”, manifestó.
No obstante, aclaró que la urgencia sanitaria no exime a la institución de cumplir con las exigencias legales que rigen las contrataciones públicas.
“Si se verifica que hubo algún procedimiento incorrecto o que se lesionaron derechos de los oferentes, eso deberá corregirse”, afirmó.
El director jurídico agregó que, en caso de que la denuncia derive en un pedido de suspensión de la licitación, el IPS defenderá la continuidad del proceso considerando la necesidad de garantizar el acceso a medicamentos para los asegurados.
“Cuando se analiza una situación de este tipo también deben ponderarse los bienes jurídicos involucrados. El derecho a la salud y a la vida siempre tienen una relevancia fundamental”, señaló.
Finalmente, Morínigo confirmó que se solicitarán explicaciones a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) sobre los hechos denunciados y reiteró que cualquier actuación administrativa deberá estar debidamente respaldada por fundamentos legales y procedimientos transparentes.
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