En el Dìa de los Abuelos, el Ministerio Público difundió un informe estadístico que revela un incremento del 25 % en las causas ingresadas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados entre los años 2023 y 2025. Los datos oficiales señalan que los expedientes pasaron de 620 a 775 en dicho periodo, una tendencia que los investigadores atribuyen tanto a la persistencia del problema como a una mayor visibilización y disposición ciudadana para realizar denuncias.
De acuerdo con la caracterización realizada por la Dirección de Planificación, la gran mayoría de las víctimas corresponden a personas adultas mayores y personas con discapacidad que enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. El segmento etario comprendido entre los 80 y 89 años experimentó el salto proporcional más acentuado, pasando de representar el 9 % de los casos en 2023 al 33 % en el último periodo analizado, lo que refleja un impacto directo de la dependencia funcional en el avance de la edad.
El estudio institucional confirma que la problemática se concentra casi en su totalidad dentro del ámbito privado, habiéndose registrado el 96 % de los episodios en el interior de las viviendas. Respecto a los presuntos responsables de las omisiones de auxilio y manutención, en el 83 % de las causas los sindicados fueron los propios hijos de los afectados, evidenciando que la vulneración del deber legal de protección ocurre predominantemente en el núcleo familiar directo.
En cuanto a las manifestaciones y consecuencias de esta figura penal, las investigaciones revelaron que en la casi totalidad de los legajos se constataron situaciones paralelas de abandono. La secuela más frecuente fue la privación de recursos económicos indispensables para la cobertura de alimentación y asistencia médica, seguida por casos de deterioro físico visible derivado de la falta de higiene, abrigo y atenciones sanitarias básicas.
A nivel territorial, el departamento Central aglutinó la mitad de las causas tramitadas en el país, seguido por la capital y el departamento de Alto Paraná. Desde la representación fiscal recordaron que la asistencia a los adultos mayores constituye una obligación tipificada en la legislación penal, instando a la ciudadanía y al entorno cercano a utilizar los canales institucionales para reportar cualquier vulneración a los derechos de esta población.
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