La salida de Emiliano Rolón de la Fiscalía General del Estado abrió un nuevo frente de controversia. Antes de dejar el cargo, en medio de los cuestionamientos por la falta de respuestas ante el desfalco de Ueno Bank y la amenaza de un juicio político en el Congreso, el ahora exfiscal general firmó una resolución que designa a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera como encargada de despacho.
La decisión fue cuestionada por la abogada penalista y exministra de Justicia Cecilia Pérez, quien advirtió sobre posibles irregularidades en el procedimiento.
La exministra puso en duda la legalidad de la resolución al calificar como «una situación bastante irregular» y sostuvo que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece un mecanismo específico para cubrir una vacancia definitiva en la Fiscalía General. Según explicó, ante la salida permanente del titular, la conducción debe quedar automáticamente en manos del fiscal adjunto del fuero penal con mayor antigüedad en el cargo.
Ese esquema debe mantenerse hasta que se concrete la designación de un nuevo fiscal general, mediante el procedimiento constitucional: una terna del Consejo de la Magistratura, el acuerdo del Senado y el nombramiento por parte del Poder Ejecutivo para un periodo de cinco años.
En ese contexto, Pérez cuestionó que Rolón haya podido determinar por resolución quién debía asumir temporalmente la conducción de la institución. A su criterio, la normativa no le otorga facultades para seleccionar discrecionalmente a su sucesor ni para alterar el orden de prelación establecido por ley.
La exministra también puso en duda que Cantero Vera reúna la condición de ser la fiscal adjunta penal con mayor antigüedad. Como posibles funcionarios con más años en el cargo mencionó a Édgar Moreno, Quiñónez y Soledad Machuca.
«Yo estoy casi segura de que Alba Rocío Cantero no es la más antigua de lo penal», afirmó Pérez. Agregó que, según los datos que manejan, había otros adjuntos que debían ser considerados antes de resolver la sucesión. También deslizó que pudo existir un entendimiento interno entre los fiscales adjuntos para evitar objeciones, aunque remarcó que ese tipo de acuerdos no pueden imponerse sobre lo que establece la ley.
«Claramente acá hubo una decisión; asumo que hubo algún acuerdo entre los fiscales adjuntos para que los otros no se quejen, pero son cuestiones que la ley no te permite», sentenció.
La resolución firmada por Rolón dispone que la encargatura de Cantero entre en vigencia recién mañana. Por ese motivo, durante la jornada de hoy el exfiscal general continúa figurando formalmente al frente del Ministerio Público, a la espera de que el presidente Pedro Alliana acepte su renuncia.
Así, la salida de Rolón no solo deja vacante la máxima conducción de la Fiscalía, sino que también instala una discusión sobre la legalidad del mecanismo elegido para garantizar la continuidad institucional.
La abogada advirtió que si el Ejecutivo firma la aceptación hoy mismo, se producirá un vacío de autoridad peligroso entre ese instante y el día siguiente, justo en medio de los allanamientos por el cierre de Ueno Bank y la caída del Grupo Vázquez.
Finalmente, la penalista recordó, durante una entrevista por la 780 AM, que la figura del «encargado de despacho» está prevista exclusivamente para ausencias temporales, viajes o enfermedades, pero jamás para una renuncia definitiva.
Fuente: Entrevista concedida a 780 AM
























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