La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo y sentencia este martes con el cual declaró inadmisible el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por los abogados defensores del suboficial de policía Gustavo Adolfo Florentín Silva. Con esta determinación del máximo tribunal, quedó firme de manera definitiva la condena de 24 años de pena privativa de libertad que pesa sobre el uniformado por el homicidio doloso agravado del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, un crimen perpetrado el 1 de abril de 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico en el marco de las protestas ciudadanas conocidas como el #31M.
La resolución de la máxima instancia judicial buscaba impugnar tanto la Sentencia Definitiva N° 151, dictada en primera instancia por el Tribunal Colegiado de Sentencia el 11 de abril de 2025, como el posterior Acuerdo y Sentencia N° 107, emitido por el Tribunal de Apelación Penal el 17 de noviembre de 2025, que ya había ratificado de forma unánime el fallo original. Los camaristas de alzada habían confirmado en su momento que Florentín fue el autor directo del disparo fatal ejecutado con una escopeta cargada con munición letal, lo que llevó a la defensa a recurrir ante la Corte a finales del año pasado alegando una supuesta falta de pruebas por parte de la Fiscalía.
La Sala Penal, integrada por los ministros de la Corte César Antonio Garay, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, fundamentó de forma unánime el rechazo del recurso basándose en tres falencias técnicas cometidas por los defensores. En primer lugar, señalaron la improcedencia del mecanismo conocido como per saltum, aclarando que pretender una impugnación directa contra el fallo de primera instancia resultaba inviable dado que el mismo ya había sido revisado por la Cámara de Apelaciones. Asimismo, advirtieron la falta de autosuficiencia del escrito al no presentarse una crítica razonada y puntual contra los argumentos de la alzada, limitándose los recurrentes a reiterar de forma textual las mismas alegaciones presentadas en las etapas anteriores.
El caso de Gustavo Florentín sumó alta complejidad a comienzos de 2025, cuando el uniformado fue detenido durante un operativo policial en la ciudad de Areguá en carácter de prófugo del proceso. En dicha intervención, las autoridades incautaron un lote de armas, drogas y dinero en efectivo en poder del procesado. Con el fallo dictado hoy por los ministros de la Corte Suprema, se agotan las instancias ordinarias dentro de la justicia paraguaya para la revisión de la dosimetría de la pena impuesta al suboficial.
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