Representantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este comparecerán este martes ante el Ministerio Público para ratificar y ampliar la denuncia penal presentada contra el exintendente Miguel Prieto y otros exfuncionarios municipales por presuntas irregularidades en la contratación de servicios relacionados con la mensura judicial de la denominada Finca 66.
El abogado Víctor Enríquez Núñez, integrante de la organización denunciante, confirmó que la declaración será prestada ante los fiscales Néstor Coronel y Marlene González. Según explicó, la denuncia apunta a un supuesto perjuicio patrimonial derivado de un contrato por aproximadamente G. 2.600 millones adjudicado a la empresa Geocat para la ejecución de trabajos de mensura.
Enríquez sostuvo que la investigación realizada por la Contraloría Ciudadana se basó en documentos obtenidos a través del portal de acceso a la información pública de la Municipalidad de Ciudad del Este y de expedientes judiciales vinculados al caso.
De acuerdo con el denunciante, uno de los principales indicios de irregularidad surge de la diferencia entre los montos efectivamente abonados por determinados trámites y las sumas que habrían sido pagadas por la comuna a la empresa contratista. Como ejemplo, señaló que en el expediente judicial figura una factura de G. 585.000 correspondiente a la publicación de un edicto, mientras que la Municipalidad habría desembolsado G. 267,3 millones por ese mismo concepto.
Asimismo, afirmó que el mismo monto fue abonado por otros servicios relacionados con el proceso de mensura, como la constitución del juzgado para el inicio de los trabajos y la presentación de documentos ante dependencias técnicas del Estado, costos que, según sostuvo, son significativamente inferiores o incluso gratuitos.
El abogado también cuestionó la necesidad de contratar servicios externos para la realización de la mensura, argumentando que la Municipalidad contaba con cuatro topógrafos en su plantel y con una amplia estructura de asesores jurídicos que podían encargarse de las tareas requeridas.
Según Enríquez, el análisis del proceso licitatorio permitió detectar presuntas inconsistencias que, a criterio de la Contraloría Ciudadana, evidenciarían un esquema destinado a favorecer la adjudicación y justificar pagos millonarios.
Otro de los puntos señalados por el denunciante guarda relación con la negativa de la Municipalidad a proporcionar información solicitada mediante los mecanismos de acceso a la información pública. En ese contexto, mencionó que la entonces directora jurídica de la institución, Nidia Silvero de Prieto, habría emitido el dictamen que rechazó la entrega de los documentos requeridos.
El representante de la Contraloría Ciudadana afirmó que los hechos denunciados podrían configurar el delito de lesión de confianza, al haberse autorizado pagos que, según su versión, exceden ampliamente los costos establecidos por las normativas vigentes.
Finalmente, adelantó que durante la comparecencia ante la Fiscalía no solo ratificarán la denuncia inicial, sino que incorporarán nuevos elementos y documentación obtenidos en el curso de las investigaciones.
La causa se encuentra actualmente en etapa de investigación fiscal y las denuncias deberán ser contrastadas con los descargos y pruebas que presenten las personas involucradas.
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