La senadora nacional Lilian Samaniego defendió su proyecto de ley que busca modificar el régimen de divorcio en Paraguay, orientándolo a facilitar una disolución conyugal rápida, simplificada y sin costos administrativos gravosos. En conferencia de prensa, la legisladora explicó que la iniciativa nació como respuesta a las solicitudes de ciudadanos de todo el país que, a pesar de llevar años separados de hecho, continúan legalmente unidos por las complejidades burocráticas y financieras de los procesos tradicionales.
Samaniego detalló la metodología del planteamiento, indicando que la normativa está diseñada exclusivamente para parejas que decidan separarse por mutuo consentimiento, que no hayan procreado hijos en común y que no posean bienes gananciales a distribuir. Bajo este escenario, los cónyuges podrán presentarse directamente ante un juez jurisdiccional de forma voluntaria.
El magistrado comprobará los datos expresados y, en un plazo estimado de entre 15 y 60 días, dictará la sentencia de divorcio sin el cobro de tasas judiciales ni aranceles. Asimismo, la proyectista aclaró que se subsanó una confusión inicial en el texto respecto a los plazos de espera, ratificando que el trámite no exigirá un tiempo mínimo de duración del matrimonio para ser solicitado.
Frente a los cuestionamientos surgidos desde ciertos sectores gremiales, la parlamentaria desmintió que la ley vaya a restar mercado laboral a los profesionales del derecho. Flanqueada por su asesora técnica, la senadora enfatizó que la asistencia obligatoria de abogados se mantendrá intacta en todos aquellos casos donde existan hijos menores de edad, cuando existan inmuebles o bienes materiales que liquidar, o cuando se configure un escenario de desacuerdo y litigio entre las partes.
Para finalizar, la legisladora ratificó su postura en favor de los valores familiares y civiles, manifestando que el espíritu de la propuesta es netamente social y operativo. Samaniego se declaró abiertamente dispuesta a recibir modificaciones técnicas en su despacho del Congreso e invitó formalmente a los distintos sectores de la sociedad y a profesionales del derecho a arrimar sus sugerencias antes de que el proyecto sea tratado en las próximas sesiones parlamentarias.
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