El senador nacional José Oviedo cuestionó la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las aulas y el reciente reajuste del salario mínimo dictaminado por el Poder Ejecutivo. En declaraciones brindadas a los medios, el legislador lamentó que desde el Congreso se insista en la promulgación de normativas que resultan inaplicables en la práctica por carecer de presupuesto y no ajustarse a la realidad operativa de las instituciones del Estado.
Respecto a la restricción de los dispositivos móviles, Oviedo apuntó directamente contra los problemas de logística e infraestructura que generará en el sistema educativo. Calificó de ironía y «desconexión total con la realidad» que la ley empuje de manera indirecta a exigir la compra de casilleros en escuelas públicas que «no tienen ni mesa de comedor». Asimismo, criticó la rigidez del Artículo 4, advirtiendo que al afectar por igual a alumnos, maestros y padres dentro del recinto, se cortan canales de comunicación vitales ante emergencias médicas. Para el parlamentario, prohibir la tecnología en la era de la inteligencia artificial es un retroceso, por lo que instó al Poder Ejecutivo a aplicar el veto total para devolver el debate al Ministerio de Educación bajo un enfoque de uso regulado.
En otro momento, el senador fijó postura sobre el incremento del sueldo básico. Oviedo afirmó que es urgente recalcular la fórmula de fijación debido a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es «engañoso» y promedia la inflación a la baja, invisibilizando el encarecimiento real de los productos de la canasta de alimentos. Sostuvo que este descalce técnico provocó la pérdida sistemática del poder adquisitivo en los últimos 30 años.
Para finalizar, el legislador se mostró a favor de delegar el estudio permanente del ingreso a una institución o secretaría especializada que colabore además en el combate a la informalidad laboral, recordando que un bajo porcentaje de la población económicamente activa llega a percibir el salario mínimo legal en Paraguay. En la misma línea, ratificó que continuará impulsando en comisiones su proyecto de reducción de la carga horaria laboral, pese a reconocer las dificultades políticas para su sanción en el periodo actual.
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