El escenario político de España genera un fuerte impacto internacional tras confirmarse que el juez instructor de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordó la apertura de un juicio oral con jurado popular para Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. A través de un extenso auto judicial de 84 páginas, el magistrado dictaminó la aplicación inmediata de severas medidas cautelares que incluyen la retirada de su pasaporte, la prohibición absoluta de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer de forma quincenal ante la sede judicial para evitar el riesgo de fuga.
Gómez, quien debido a su perfil técnico no ostenta un rol político directo en el Gobierno pero es el centro de la atención mediática en Europa, es acusada formalmente de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El proceso también alcanza a su asesora de la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por presuntos favores comerciales en el sector privado gracias a su cercanía con el entorno del mandatario español.
La investigación judicial se originó tras denuncias de plataformas civiles y se centra en las actividades profesionales de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. La Justicia sospecha que utilizó su posición relacional y su condición de cónyuge del jefe de Estado para promover intereses de empresas privadas, conseguir contratos públicos y registrar a su nombre un software informático financiado por la propia universidad. En el escrito de elevación, el juez Peinado justificó la retención de sus documentos de viaje argumentando que su entorno y sus conexiones internacionales justifican plenamente asegurar su arraigo.
La defensa técnica de la esposa del presidente español adelantó que recurrirá las medidas restrictivas aplicadas a su libertad ambulatoria, aunque el envío a juicio es ya jurídicamente inapelable. En el plano político, el presidente Pedro Sánchez —cuyo Gobierno en minoría ya arrastra una fuerte presión por otras investigaciones que salpican a exministros y familiares— calificó el caso como una campaña de desprestigio impulsada por la oposición de derecha. Mientras el mandatario descarta presentar su dimisión, la oposición española aprovechó el dictamen judicial para exigir de forma inmediata la convocatoria a elecciones generales anticipadas.
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