El planteamiento de la defensa de Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego—madre del legislador Esteban Samaniego— atacaba la permanencia del juez Legal basándose en causales de supuesta enemistad, odio o resentimiento de origen público, además de una presunta relación de amistad íntima entre el magistrado y el agente fiscal del caso, Silvio Corbeta, por haber coincidido en el Ministerio Público. Los camaristas analizaron exhaustivamente tanto los reclamos de la acusada como el informe oficial de descargo remitido por el juez interviniente antes de emitir un veredicto definitivo.
El dictamen del tribunal concluyó de manera unánime que la parte recusante no logró acreditar ni precisar con elementos de convicción objetivos los motivos de odio o familiaridad invocados. Los magistrados de alzada determinaron que el haber compartido el ámbito laboral en el pasado dentro de la fiscalía general no constituye un presupuesto válido para dudar de la imparcialidad judicial, máxime cuando se demostró que el juez y el fiscal operaron en unidades independientes. Asimismo, los jueces ratificaron que las medidas de prisión preventiva dictadas previamente en la causa respondieron al ejercicio legal de las facultades del juzgado para sancionar la temeridad procesal y evitar la dilación deliberada de las audiencias preliminares.
De acuerdo con las constancias del expediente judicial caratulado como «Esteban Martín Samaniego Álvarez y otros s/ Enriquecimiento Ilícito y otros», la procesada Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego cuestionó el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso, argumentando sufrir un «temor fundado» y un ataque directo hacia su entorno familiar. En el escrito de recusación presentado bajo el patrocinio de la abogada Alba Meixner de Morínigo, la mujer expuso que el juez Osmar Legal debía haberse inhibido por decoro y delicadeza, aduciendo que su hijo, el diputado Esteban Samaniego, había solicitado públicamente medidas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el citado juez a raíz del luctuoso suceso que derivó en la muerte del legislador Eulalio «Lalo» Gomes.
Por su parte, el Juez Penal de Garantías, Osmar Legal, rechazó de manera taxativa los agravios de la defensa y solicitó formalmente desestimar el pedido por su notoria improcedencia. Invocando sus argumentos técnicos, el magistrado aclaró en primer término que el diputado Esteban Samaniego no se encuentra convocado a las audiencias preliminares debido a que su desafuero parlamentario aún se encuentra pendiente de resolución en el Congreso. Respecto a la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el coimputado Damián de Jesús Galarza —yerno de la recusante—, Legal explicó que la medida coercitiva fue dictada bajo estricto amparo de las herramientas legales vigentes, luego de comprobarse maniobras de mala fe procesal destinadas a evitar la sustanciación de los actos judiciales, encontrándose el procesado actualmente en carácter de rebelde.
El fallo definitivo que pone fin al incidente procesal fue refrendado digitalmente por los miembros del Tribunal de Apelación, los magistrados Arnulfo Arias Maldonado, Gustavo Amarilla Arnica y Mario Camilo Torres Leguizamón. Los camaristas señalaron en la resolución que las causales invocadas por la defensa —previstas en el artículo 50 del Código Procesal Penal paraguayo— no fueron debidamente demostradas con hechos conocidos o pruebas fehacientes. Concluyeron que la sola coincidencia de haber pertenecido al Ministerio Público o los cuestionamientos a la duración de la investigación fiscal previa no restan idoneidad ni neutralidad al magistrado, disponiendo el registro digital del fallo en la Dirección de Estadística Judicial para la prosecución inmediata de la causa penal.
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