El juicio oral y público por el «Caso Scanner» —investigación que desarticuló una red de tráfico de drogas que operaba con complicidad interna en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi— entró en su fase de definiciones. En la lectura de sus alegatos finales, el fiscal antidrogas Andrés Arriola dio por plenamente probada la existencia y operatividad de una organización criminal dedicada al transporte transnacional de cocaína, descartando cualquier hipótesis de hecho aislado o improvisado.
De acuerdo con los argumentos de la acusación, los integrantes de esta red actuaron de forma totalmente consciente, deliberada y coordinada con el único propósito de obtener millonarias ganancias económicas. El caso se remonta a octubre del año 2023, cuando los intervinientes lograron frenar un cargamento de poco más de 10 kilos de cocaína que pretendía ser enviado al exterior vulnerando los controles con la anuencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.
Ante el Tribunal, el fiscal Arriola individualizó las conductas y solicitó las siguientes penas privativas de libertad para los procesados:
Luis Alberto Servían Zárate: 16 años de prisión.
Carlos Damián Duarte: 13 años de prisión.
Ramón Arrúa: 13 años de prisión.
Eliana Ruiz Cantero: 9 años de prisión.
Basilio Darío Rodríguez: 8 años de prisión.
Marta Liliana Colombia Chávez: 8 años de prisión.
A la par de las sanciones de reclusión penal, el Ministerio Público fundamentó el requerimiento del comiso especial de bienes muebles y dinero en efectivo incautados durante las fases operativas de la causa, amparado en la Ley 1340 y el Código Penal. El pedido incluye la suma de G. 1.171.000 hallada en poder de Eliana Ruiz; G. 54.350.000 y USD 1.600 que corresponden a los valores incautados de la misma estructura; un automóvil de la marca Citroën, modelo C4 Cactus (matrícula AAEL 931); un automóvil de la marca Toyota, modelo Ractis (matrícula AAFH 159), vinculado a Luis Servían; además del secuestro definitivo de todos los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos utilizados por el grupo.
Por último, el fiscal Arriola realizó un requerimiento institucional clave al solicitar formalmente a los magistrados del Tribunal que remitan los antecedentes completos del debate a la Fiscalía General del Estado. El agente fiscal fundamentó que, a lo largo de la producción de pruebas y testimonios en el juicio oral, surgieron indicios vehementes de la comisión de otros hechos punibles paralelos como corrupción pública, omisión de funciones y tráfico de influencias. Esta nueva línea investigativa se vuelve prioritaria en el ámbito judicial, considerando que durante las audiencias del juicio fue mencionado de manera directa el senador de la Nación, Líder Amarilla.
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