El Juzgado de Delitos Económicos, bajo la dirección del magistrado Rodrigo Estigarribia, determinó de manera oficial que el exujier del Juzgado de Paz de La Encarnación, Arturo Javier Ayala, deberá enfrentar un juicio oral y público. La resolución pone fin a las pretensiones de la defensa de acceder a una salida procesal alternativa en una de las carpetas de investigación derivadas del esquema delictivo conocido mediáticamente como la «mafia de los pagarés».
El avance hacia la etapa de juicio público se consolidó tras un cambio de postura en la estrategia del Ministerio Público, provocado por el propio trámite de oposición que el juez Estigarribia había impuesto inicialmente al pedido de suspensión condicional del procedimiento que plantearon los fiscales asignados al caso. Al elevarse el expediente a la Fiscalía General, la fiscala adjunta Soledad Machuca rectificó el requerimiento previo de los agentes Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes pretendían utilizar al procesado como testigo en el posterior juicio. En su lugar, Machuca formuló una acusación formal en contra de Ayala, sosteniendo que el exujier, en compañía de otros tres funcionarios del mismo rango, presuntamente procedió a la falsificación de notificaciones legales en un total de 258 expedientes civiles tramitados ante la sede judicial de La Encarnación.
Durante el historial del proceso, específicamente en la primera audiencia preliminar, el acusado Arturo Ayala había brindado una confesión detallada sobre el funcionamiento interno de la red delictiva. El exfuncionario relató que al incorporarse al juzgado mantuvo una reunión con la entonces jueza de Paz, Carmen Analía Cibils, quien le explicó la modalidad de trabajo y las exigencias económicas de la estructura. En aquella declaración, Ayala afirmó que debido al elevado volumen de notificaciones que se debían tramitar, la exmagistrada exigía una retribución fija. El procesado detalló que tenía la obligación de entregar la suma en efectivo de 25 millones de guaraníes semanales en la oficina de la jueza los días viernes, acotando que si el dinero no alcanzaba la meta, debía abonar la diferencia con carácter retroactivo la semana siguiente, monto que se incrementaba a medida que ingresaban más empresas a litigar.
En el desarrollo de la nueva audiencia preliminar sustanciada tras la rectificación de la Fiscalía General, la fiscala Belinda Bobadilla se ratificó plenamente en el pedido de apertura del juicio oral. A su turno, el abogado defensor Cristhian Aquino solicitó al Juzgado la aplicación del procedimiento abreviado argumentando el reconocimiento de los hechos por parte de su defendido, presentando además las pruebas correspondientes para el caso de ser rechazado su pedido. La representación fiscal rechazó de manera tajante la propuesta de la defensa, argumentando que el dictamen emitido por la Fiscalía General obligaba a sostener la acusación sin margen para salidas alternativas, lo que motivó al juez Rodrigo Estigarribia a decretar la elevación formal de la causa a la fase de juicio público, sumando a Ayala a la lista de procesados que incluye a la exjueza Cibils.
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