La senadora Lizarella Valiente impulsa un proyecto de ley que modifica el artículo 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia para que el progenitor que incumpla sus deberes parentales, entre ellos el pago de la prestación alimentaria, no deba otorgar autorización para que un hijo menor de edad pueda viajar al exterior.
La legisladora explicó que el tratamiento de la iniciativa fue postergado debido a que la Comisión de Legislación aún no emitió su dictamen y porque se prevé incorporar nuevas precisiones al texto.
Valiente señaló que la propuesta no hace referencia específica a padres o madres, sino al «progenitor» que incumpla las obligaciones inherentes a la patria potestad, de manera que la medida pueda aplicarse indistintamente a cualquiera de los dos.
«La patria potestad implica derechos, pero también deberes. Quien no cumple con el deber de cuidado, tanto en el aspecto económico como en el emocional, no debería condicionar decisiones que afectan a sus hijos», sostuvo.
La senadora indicó que el proyecto contempla que, en esos casos, ya no sea necesaria la firma del progenitor incumplidor para tramitar el permiso de viaje al exterior, aunque aclaró que el documento seguirá siendo exigido por las autoridades migratorias y deberá contar con la autorización del progenitor o tutor responsable.
Según explicó, la iniciativa busca evitar que la autorización de viaje sea utilizada como un mecanismo de presión o manipulación contra el otro progenitor.
«Recibimos denuncias de personas que, pese a que el otro progenitor no cumple con sus obligaciones, se ven obligadas a solicitar su firma. En muchos casos esa situación termina siendo utilizada como una forma de chantaje, perjudicando directamente al niño o adolescente», manifestó.
Valiente afirmó que la modificación beneficiaría a menores que deban viajar por vacaciones, visitas familiares, tratamientos médicos o competencias deportivas y culturales, evitando trabas administrativas cuando uno de los progenitores incumple sus responsabilidades.
Asimismo, adelantó que durante el estudio del proyecto se analizará la incorporación de otros supuestos en los que tampoco sería necesaria la autorización, como en casos de progenitores privados de libertad u otras situaciones previstas por la legislación vigente.
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