Los diputados Federico Franco y Pedro Gómez impulsaron un proyecto de ley destinado a exonerar del pago de peaje a los vehículos pertenecientes a ciudadanos con residencia permanente en el distrito de Ypacaraí, departamento Central. La iniciativa parlamentaria busca otorgar rango legal y definitivo a la gratuidad del tránsito por el puesto de cobro ubicado en la zona, eliminando la dependencia actual del beneficio a través de su inclusión anual en el Presupuesto General de la Nación, mecanismo que genera incertidumbre en la comunidad local sobre la continuidad de la medida.
Según la fundamentación expuesta por los proyectistas, la ubicación geográfica del puesto de peaje divide físicamente el territorio municipal, obligando a miles de habitantes a abonar una tarifa para acceder diariamente al casco urbano, instituciones educativas, centros de salud, comercios y puestos de trabajo. Los legisladores argumentaron que esta situación representa un sobrecosto económico exclusivo para los pobladores de la zona en comparación con otros municipios del país, afectando directamente la dinámica comercial, productiva y social del distrito.
El impacto de la tarifa afecta de forma directa a productores agrícolas, artesanos y pequeños emprendedores, cuyos costos de transporte se incrementan al momento de trasladar sus productos o abastecerse de insumos entre las diferentes compañías de la localidad, como Pedrozo y Jhuguá Jhú. En el texto legislativo se advierte que esta barrera física y económica condiciona el ejercicio de la libre circulación garantizada por la Constitución Nacional, además de desalentar la atracción de nuevas inversiones y la generación de puestos de trabajo en el municipio.
Para acceder a la exoneración, el proyecto estipula que los propietarios de los rodados deberán acreditar su domicilio real y permanente en Ypacaraí mediante la inscripción en un registro administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en coordinación con la Municipalidad local. El beneficio abarcará a vehículos de uso particular, laboral o mixto pertenecientes a personas físicas residentes en el distrito, quedando excluidas aquellas empresas cuya base de operaciones no se encuentre radicada efectivamente en la zona.
La propuesta contempla la implementación de un sistema informatizado de verificación para el control en el puesto de peaje y establece sanciones administrativas para quienes intenten acceder al beneficio utilizando documentación falsa o maniobras fraudulentas. De igual forma, el documento encomienda al Poder Ejecutivo la reglamentación de los aspectos operativos y de fiscalización en caso de que la norma sea sancionada por el Congreso Nacional.
El proyecto de ley ingresó formalmente al circuito legislativo y fue remitido para su análisis a seis comisiones asesoras de la Cámara de Diputados, entre las que figuran Asuntos Económicos, Legislación, Obras Públicas, Asuntos Municipales, Presupuesto y Cuentas de Control. Tras la emisión de los dictámenes correspondientes, el pleno de la Cámara Baja deberá evaluar la viabilidad de la propuesta.
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