En horas de la mañana, una comitiva del Ministerio Público acompañada por efectivos de la Policía Nacional se constituyó en la sede de la Junta Municipal de Ypané para llevar a cabo un mandamiento de allanamiento. La diligencia estuvo a cargo de la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.° 3 de J. Augusto Saldívar , la cual investiga una denuncia del concejal Eduardo Cristóbal Domínguez Samaniego, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones públicas.
El procedimiento se inició a las 10:50 horas tras el pedido formulado por la bancada de ediles colorados, circunscribiéndose estrictamente a la verificación de las dependencias legislativas y a la búsqueda de evidencias documentales. Durante la intervención, la representación fiscal procedió al retiro e incautación de los libros de actas y registros correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas en los últimos dos meses, en particular la desarrollada el pasado 23 de julio de 2026 y la reunión posterior donde se registraron los hechos indagados.
La causa penal tiene origen en los acontecimientos registrados el 27 de julio, cuando la exautoridad municipal Mirta Elena Oviedo prestó nuevamente juramento para asumir la jefatura de la intendencia en medio de una controvertida sesión. De acuerdo con las denuncias que constan en el expediente, durante dicha jornada se suscitaron incidentes que habrían impedido el normal desarrollo de la sesión, incluyendo el presunto bloqueo del recinto por parte de manifestantes para retener a ediles opositores y garantizar el quórum requerido para el acto institucional.
Tras culminar la recolección de los documentos requeridos sin que se registraran inconvenientes durante el operativo, la fiscal Aquino confirmó brevemente a los medios que la intervención se limitó al cumplimiento de la orden dictada por el juzgado de la causa. Las evidencias incautadas por la representación fiscal serán sometidas a peritajes y análisis documentales dentro del marco de la investigación, con el fin de determinar si existió ejercicio ilegítimo de competencias públicas —delito que prevé penas de hasta cinco años de prisión—, sin descartarse la realización de nuevas diligencias procesales en los próximos días.
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