El diputado Miguel del Puerto adelantó que el bloque oficialista en la Cámara Alta y Baja consensuó ratificar la versión aprobada en la Cámara de Diputados con relación al proyecto que modifica el régimen de jubilaciones para los miembros del Congreso Nacional. De acuerdo con las declaraciones del parlamentario, la postura impulsada en su cámara establece una edad mínima de 60 años tanto para la modalidad de jubilación ordinaria como para la extraordinaria, buscando equiparar gradualmente los requisitos de acceso al sistema previsional.
En relación con el financiamiento del fondo previsional, Del Puerto argumentó que con las modificaciones propuestas la caja parlamentaria pasará a operar en la práctica bajo la figura de una caja privada sostenida de forma exclusiva por los propios legisladores. Explicó que el proyecto contempla un incremento de la tasa de aporte al 24% para los congresistas en ejercicio, mientras que a aquellos que alcancen la condición de jubilados se les continuará descontando un 16% sobre sus haberes recibidos.
Al ser consultado sobre las críticas y comparaciones con otros regímenes del sector público, el legislador reconoció la existencia de diferencias estructurales en el sistema, pero enfatizó el impacto que representa la supresión de la asistencia financiera pública. En ese sentido, remarcó que la norma aprobada establece explícitamente que el Tesoro Nacional no destinará un solo guaraní para el sostenimiento del régimen previsional legislativo, lo que a su criterio constituye un paso de relevancia en el proceso de debate.
Por último, el congresista señaló que el texto promovido por la Cámara Baja incorpora restricciones adicionales, como la imposibilidad de acceder al beneficio previsional para aquellos legisladores que enfrenten procesos de destitución o pérdida de investidura. Del Puerto concluyó que, si bien la discusión sobre el modelo jubilatorio debe continuar dentro del ámbito legislativo, la ratificación del proyecto de Diputados representa la alternativa más adecuada en términos de sostenibilidad institucional y fiscal.
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