El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) denunció que el Gobierno habría ocultado una oferta formal de la empresa Imperium para adquirir energía a un precio de US$ 70 por megavatio (MW), más del doble de los US$ 30 por MW que, según el gremio, se pretendía otorgar a la firma Atome.
De acuerdo con el secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, la propuesta contemplaba un ingreso anual de aproximadamente US$ 174 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), además del pago anticipado de cinco años del contrato, lo que representaría un importante respaldo financiero para la institución.
En entrevista con Radio 1000, Villalba afirmó que la oferta fue presentada formalmente el 1 de julio y solicitaba una potencia inicial de 300 megavatios, equivalente a casi la mitad de la capacidad de una turbina de la Central Hidroeléctrica Itaipú.
El dirigente explicó que, tras la asunción del nuevo presidente de la ANDE, se abrió un expediente interno y la Asesoría Legal emitió un dictamen para analizar la viabilidad de suscribir un acta de enmienda, luego de verificar la documentación presentada.
«Accedimos a la información y vimos que la empresa propone pagar US$ 70 por megavatio, además de adelantar el pago de cinco años. Encontramos incluso un dictamen de la Asesoría Legal recomendando analizar la firma del acuerdo», sostuvo.
Villalba aseguró que el nuevo titular de la ANDE fue informado sobre la propuesta y se comprometió a presentarla durante la reunión de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, aunque finalmente el tema no fue incluido en la agenda.
«El presidente de la República conoce esta situación. Nosotros no fuimos invitados a la Mesa Energética y creemos que fue porque íbamos a plantear este tema públicamente. El presidente de la ANDE dijo que presentaría la propuesta, pero no ocurrió», afirmó.
Según el dirigente sindical, representantes de la empresa señalaron que las conversaciones con la ANDE y el Gobierno se desarrollan desde febrero y que incluso avanzaron los estudios de factibilidad para proyectos en Yguazú y Valenzuela.
Para Sitrande, resulta llamativo que la propuesta permanezca sin definición pese al debate sobre el aprovechamiento de la energía excedente del país y la necesidad de atraer inversiones.
«Si existe un inversionista dispuesto a pagar un precio superior por la energía, es fundamental esclarecer por qué esa oferta permanece guardada. Esos recursos podrían destinarse a las inversiones que necesita la ANDE y beneficiar directamente a los usuarios», concluyó Villalba.
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