El despliegue de seguridad denominado «Operación Redención», ejecutado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y fuerzas especiales en Corpus Christi, departamento de Canindeyú, derivó en un escenario de fuerte controversia y cuestionamientos legales. El procedimiento oficial reportó la muerte de dos personas, identificadas como Catalino Correa y Antonio Carrillo, además de la aprehensión de Bruno López Ortiz, a quien las autoridades atribuyen la portación de armas de grueso calibre dentro de la zona de operaciones del esquema criminal liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias «Macho».
La versión oficial del procedimiento fue defendida por el titular de la SENAD, Jalil Rachid, quien sostuvo que los efectivos de la fuerza pública fueron recibidos a tiros al incursionar en el terreno. De acuerdo con las declaraciones de la autoridad antidroga, los fallecidos portaban fusiles de asalto tipo FAL al momento del enfrentamiento, lo que llevaría a vincularlos de forma directa con la logística de extorsión y narcotráfico que opera en la región fronteriza del país.
Sin embargo, familiares de los fallecidos, pobladores de la comunidad indígena Avá Guaraní y gremios del sector educativo como la UNE-SN y OTEP Auténtica rechazaron categóricamente la hipótesis de un intercambio de disparos. Las organizaciones afirmaron que las víctimas correspondían a un docente y un líder comunitario que se encontraban desarmados cumpliendo con sus labores cotidianas, negando cualquier tipo de vínculo con bandas delictivas e instando a un peritaje imparcial de la escena.
En respuesta a la gravedad de los hechos y mediante la Resolución F.G.E. N.° 3075 con fecha 18 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado resolvió conformar un equipo de trabajo de agentes fiscales para intervenir en dos causas penales tramitadas en Katueté. El equipo investigativo quedó integrado por los fiscales Abelino Bareiro (quien ejerce la dirección), Oscar Paredes, Sonia Sanguinés (de la Unidad Especializada de Derechos Humanos) y Carlos Alejandro Cardozo (de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado), bajo la supervisión del fiscal adjunto Diego Arzamendia.
La comitiva fiscal centrará sus labores en la Causa N.° 534/2026, caratulada «Ministerio Público en averiguación sobre supuesto hecho punible contra la vida y otros», y en la Causa N.° 535/2026, referente al procesado Bruno López Ortiz sobre supuesta trasgresión a la Ley 7411/24. Las pesquisas periciales y de campo buscarán recolectar elementos de convicción objetivos que permitan determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer de forma íntegra lo sucedido durante el operativo.
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