El diputado proyectista Luis Federico Franco fundamentó la propuesta señalando que responde a serias problemáticas en la práctica judicial actual. Explicó que hoy existe una aplicación dispar por parte de los juzgados al momento de fijar la prestación, por lo que la normativa establece con claridad que el cálculo se realizará en jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, dividiendo el salario mínimo vigente entre 26 días. Asimismo, remarcó que el monto se actualizará de forma automática ante cada reajuste salarial, evitando que los tutores deban iniciar nuevos trámites judiciales cada año.
Por su parte, la diputada Dalia Estigarribia presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, confirmó el acompañamiento del bloque con modificaciones orientadas a lograr un cobro inmediato sin trabas burocráticas. Detalló que el texto faculta a los jueces a ordenar el embargo directo o la retención de hasta el 50 % del salario del deudor alimentario, además de disponer la inscripción directa en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y otorgar al crédito alimentario preferencia de pago sobre cualquier otra obligación.
Durante el debate, legisladores como Alexandra Zena y Rodrigo Blanco sumaron su respaldo a la iniciativa. No obstante, a propuesta del diputado Alejandro Aguilera el pleno resolvió postergar por una semana el estudio punto por punto del articulado, con el fin de aguardar los dictámenes pendientes de otras comisiones asesoras antes de su votación final.
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