La Contraloría General de la República detectó una serie de graves irregularidades administrativas y financieras en el Instituto de Previsión Social (IPS), entre ellas pagos realizados a más de 11.000 jubilados que ya habían fallecido, por un monto superior a G. 50.000 millones.
El contralor general, Camilo Benítez, calificó al IPS como una de las instituciones más desordenadas del Estado paraguayo y sostuvo que los hallazgos de la auditoría revelan una situación que requiere medidas urgentes de corrección.
“Es por lejos la institución más desordenada, diría yo, hoy del Estado paraguayo, lastimosamente. Porque afecta en la sensibilidad máxima de los ciudadanos”, manifestó Benítez.
El informe de auditoría abarcó diversas áreas de la previsional, incluyendo aspectos financieros, tecnológicos, ambientales y administrativos. Según el contralor, se trata de uno de los informes más amplios y emblemáticos realizados por la institución sobre el IPS.
Pagos a jubilados fallecidos
Uno de los datos más alarmantes revelados por la auditoría es que el IPS continuó realizando pagos a más de 11.000 personas que figuraban como fallecidas.
De acuerdo con Benítez, el monto total de estos pagos supera los G. 50.000 millones, aunque posteriormente se determinará la cifra exacta mediante una auditoría forense.
El contralor cuestionó que el IPS no haya implementado un mecanismo de cruzamiento de datos con el Registro Civil, pese a que esta situación ya había sido advertida anteriormente por la propia Contraloría.
“A pesar de ello, el IPS le pagó a jubilados por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 personas que ya estaban fallecidas”, señaló.
Explicó que la irregularidad podría haberse evitado mediante un simple cruce de información con los registros de defunción digitalizados.
Diferencia de G. 625.000 millones en medicamentos
Otro de los hallazgos se relaciona con inconsistencias entre los sistemas informáticos utilizados para el control de medicamentos y otros bienes de consumo.
El IPS cuenta con un sistema de información hospitalaria y con el sistema SAP, importado de Alemania. La auditoría detectó diferencias entre ambas plataformas, lo que llevó a la institución a realizar un ajuste en sus registros.
Como resultado, el valor de los bienes de consumo y medicamentos registrados se redujo en aproximadamente un 45%, equivalente a más de G. 600.000 millones.
Benítez indicó que esta situación podría responder a errores de registración o, eventualmente, a otras irregularidades que deberán ser investigadas.
“No podemos afirmar nada, pero tampoco podemos descartar nada”, sostuvo.
Deuda flotante supera G. 1 billón
La auditoría también detectó una deuda flotante superior a G. 1 billón que se arrastra de un ejercicio a otro.
Según el contralor, esta situación limita la capacidad financiera del IPS para realizar nuevas compras de insumos y medicamentos, ya que parte de los recursos disponibles debe ser destinada al pago de obligaciones pendientes de años anteriores.
“Cada vez que el IPS se propone comprar insumos o medicamentos, en realidad no tiene dinero para pagar porque lo que va a hacer es pagar deudas anteriores”, explicó.
Déficit de la Caja de Jubilados preocupa a futuro
Benítez también advirtió sobre la situación financiera de la Caja de Jubilaciones del IPS, que presenta un importante déficit.
Según las proyecciones de la propia previsional, las reservas generadas a través de inversiones financieras podrían resultar insuficientes hacia el año 2036. A partir de entonces, sería necesario comenzar a utilizar el capital para cubrir las obligaciones.
El problema, según explicó, radica en que los ingresos provenientes de los aportes obrero-patronales ya no serían suficientes para cubrir los pagos a los jubilados.
“Lo que cobra el IPS del aporte obrero-patronal no es suficiente para pagarle a los jubilados. Aquí tenemos un problema, un caos financiero”, afirmó.
Otras irregularidades detectadas
Entre otros hallazgos, el contralor mencionó un presunto uso irregular del sistema de gastos judiciales para el pago de acuerdos privados homologados, por un monto aproximado de USD 25 millones.
También cuestionó la baja rentabilidad de los inmuebles arrendados por el IPS, que, según indicó, no alcanza siquiera el 1%. A esto se suman problemas relacionados con la falta de registración de dominios, pagos de servicios de ANDE correspondientes a inmuebles arrendados y excepciones de pago otorgadas por períodos superiores a ocho años sin estudios previos.
Además, la auditoría detectó un aumento significativo en los montos de contrataciones públicas.
Benítez adelantó que la Dirección de Auditoría Forense y la Asesoría Jurídica de la Contraloría evaluarán los hallazgos para determinar eventuales responsabilidades y establecer con precisión el perjuicio patrimonial.
Finalmente, el contralor también alertó sobre la elevada deuda que el Estado paraguayo y empresas privadas mantienen con el Instituto de Previsión Social.
“Se le adeudan al IPS más de G. 10.000 millones”, afirmó.
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